Diana Sánchez Barrios
Llegó agosto y se terminó el goce pleno del derecho a la manifestación, al menos en Tabasco, gracias a la entrada en vigor de la llamada “Ley Garrote”, que, en realidad, es una modificación del Código Penal estatal que incrementa el castigo a la extorsión (¿qué?); cuando esta se haga presente en forma de bloqueos a accesos en instalaciones u obras privadas o públicas en Tabasco. Al menos, así se lee en el artículo 308 bis, que expresa: Al que extorsione, coaccione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar, para la ejecución de trabajo u obras pública o privada en las vías o medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida de actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten. La pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito, el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia.
En la misma línea, el artículo 299 precisa que: Al que impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Esas condiciones nos dan varias cosas en qué pensar; primero, me cuesta trabajo creer que ahora que tenemos un gobierno que se dice de ideología de izquierda, que constantemente ha manifestado su apoyo a los movimientos en respuesta a injusticias sociales, ahora legalice la represión, a través de argumentos forzados.
Incluso en la discusión, llamó la atención cómo la defensa de esta modificación, la realizaron casi que exclusivamente, los legisladores de MORENA, mientras que la oposición, e incluso partidos aliados, como Encuentro Social, la rechazaron y condenaron.
La senadora Kenia López Rabadán, del PAN, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, sostuvo que se está limitando o penalizando el derecho de los mexicanos a discrepar.
Esta criminalización de las manifestaciones en Tabasco parece ser otra más de las acciones que ha emprendido el gobierno sin mayor análisis, ni memoria.
¿Qué opinaría el Andrés Manuel López Obrador de finales de los noventas sobre este tipo de medidas que coartan derechos constitucionales y humanos; habría moderado sus protestas y desistido de la toma de pozos petroleros para no ser encarcelado?, ¿hubiera respetado y reconocido a un gobierno que encarcela a quienes no están de acuerdo con él?
Recordemos que en 1991, en tiempos de elecciones locales, salió a manifestarse en ese estado, que es el suyo; en 1995 realizó una “caravana por la democracia”, tomando el Zócalo capitalino, año en el que bloqueó pozos petroleros, que si nos ponemos a imaginar, en caso de que hubiese existido una Ley Garrote, AMLO podría haber salido de la cárcel en 2018 y hoy tendríamos otro presidente.
Creo que es absolutamente necesario que estemos alerta, hoy se pierden derechos en Tabasco (que no es para nada, un asunto menor); pero bien podría extenderse por todo el país, en distintas temáticas. Debemos unirnos y consolidarnos como una sociedad que es crítica, que se protege y exige mínimamente a sus gobernantes, el respeto a sus derechos.
