Mauricio Flores
Resulta difícil dudar de la buena voluntad con que la próxima gobernante de la CDMX, Claudia Sheinbaum, puso de acuerdo a todos los alcaldes de la capital para detener la entrega de permisos nuevos de construcción y de revisar los vigentes a fin de evitar abusos, excesos, peligrosas irregularidades y actos de “moche”… pero en los hechos esas acciones han generado una parálisis en una de las actividades más importantes de la ciudad, y con ello crece el riesgo de una importante contracción económica de carácter endógeno, cuyo efecto se verá potenciado por el menor ritmo de crecimiento económico nacional y una menor tasa de inversión, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Llueve sobre mojado, pues.
La inversión inmobiliaria a nivel nacional se duplicó en los últimos 6 años al pasar de los 18 mil millones a los 36 mil millones de dólares, la cual está concentrada 43% en la CDMX, especialmente en Tlalpan, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. Tan sólo este año, de acuerdo con los datos de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, se han invertido 15 mil millones de dólares en 156 proyectos, que cubren más de 20 millones de metros cuadrados de construcción.
Y ahora están bajo la sospecha; y de los nuevos, detenidos. La actividad inmobiliaria representa cerca del 10% del PIB de la Ciudad de México, y su parálisis puede generar el desempleo casi automático de 200 mil personas, especialmente entre albañiles, electricistas, plomeros, carpinteros, colocadores, técnicos, arquitectos e ingenieros.
Y, evidentemente, la revisión de los contratos -por mucha sospecha de corrupción en su entrega- puede significar que los recursos ahí invertidos generen crecientes costos hundidos para los que aportaron su capital mientras se reinicien los permisos de obra.
Vaya, antes del proceso electoral, el presidente de esa asociación, Salvador Daniel, dijo que no había preocupación por el triunfo de uno u otro candidato presidencial al gobierno capitalino dada la fortaleza de las instituciones. Tal vez ahora el también presidente de la Fibra DanHos tenga de que preocuparse, dado que la totalidad de los alcaldes -salvo el de Xochimilco- se alinearon en torno al modelo de revisión de Sheinbaum.
Pero la preocupación no es sólo para inversionistas, constructores, proveedores y trabajadores del ramo, sino también para los que buscan adquirir departamentos u oficinas, así como para quienes rentan: en un mercado abierto, la contracción de la oferta de un bien ante una demanda creciente genera un crecimiento de precios. Diversos desarrolladores de vivienda calculan que el precio de los departamentos puede elevarse entre 15% y 20%, y las rentas entre 10% y 12%, mientras persista la parálisis de los permisos de obra.
Ciertamente son muchos los vecinos y colonos fastidiados por los abusos de determinados desarrolla- dores que edifican grandes conjuntos habitacionales verticales, por las complicaciones que ello provoca a su entorno, por la imposibilidad de suficientes servicios como agua potable o suficiente suministro eléctrico, y ya no se diga de la saturación vial y el riesgo sobre zonas de reserva ambiental. Pero el hecho es que una medida de corte general y profunda como la recién asumida por los gobiernos entrantes puede desembocar en una innecesaria recesión urbana.
Se va la termovalorizadora
Concluido el proceso de entrega-recepción en la Agencia de Gestión Urbana con el equipo de transición, así como el proceso de reintegración de las labores de conservación y servicios urbanos a la Secretaría de Obras, el pendiente es la eventual cancelación del contrato que la CDMX, durante la gestión de Miguel Mancera, hizo con la empresa de energía Veolia para utilizar la mayor cantidad de residuos sólidos en la generación de energía eléctrica para el sistema de transporte colectivo Metro y así reducir el confinamiento de basura -especialmente la orgánica- en rellenos sanitarios. La posición pública de la nueva jefa de gobierno es que se cancela el contrato. Ello coloca a la empresa que preside Antoine Frérot en la posición de iniciar un proceso legal por cancelación anticipada para recuperar los costos en que hayan incurrido. Bueno, a lo mejor no es mucho… pero si se agregan las indemnizaciones por la eventual cancelación del NAIM en Texcoco, entonces a lo mejor sí se hace una roncha muy grande.
La abogada de Martínez
La semana pasada tomó notoriedad pública la abogada María Azucena Rodríguez por solicitarle al próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y a la que encabezará Medio Ambiente, Josefa González, salir de la propiedad privada de una mina de tezontle de Tezoyo, en la zona de Texcoco. Los próximos funcionarios montaron en ira y amagaron con regresar a partir del 2 de diciembre entrante para inspeccionar la propiedad de René Martínez Moncayo… un minero de tradición y gran influencia, así como de los principales fleteros del país. Si la nueva SCT y Semarnat buscan entrar en diciembre a ese predio deberán ir con más que el argumento de “somos gobierno”, pues Martínez Moncayo difícilmente se quedará cruzado de brazos en términos jurídicos. Claro, el costo reputacional de una inspección por consigna puede tener importantes repercusiones sobre la certeza jurídica que requiere la inversión. Veremos.
