Por Mauricio Flores
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La primera vez que un presidente solicitó consultar con expertos la viabilidad de construir un aeropuerto que sustituyera al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue Gustavo Díaz Ordaz a solicitud de rector universitario Javier Barros Sierra, que ya en 1966 advertía que el crecimiento poblacional del Valle de México y las tasas de crecimiento industrial pronto superarían la capacidad de la terminal Benito Juárez instalada en los llanos salados de Balbuena. De ahí, salvo en el período de José López Portillo, todos los presidentes han hurgado la posibilidad del nuevo aeropuerto hasta que finalmente la tarea fue acometida por el hoy saliente mandatario Enrique Peña.
La consulta convocada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tiene dos elementos novedosos, así como áreas aún indefinidas para la forma de ejecución y la manera de generar una relación vinculante -es decir legal- en la toma de una decisión definitiva sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que se encuentra en etapa constructiva y avance al 33%.
El primer elemento es la convocatoria a los tres organismos de expertos en ingeniería con los que el gobierno tiene una interlocución legal, es decir, el Colegio de Ingenieros Civiles de México que dirige Ascensión Medina, la Academia de Ingeniería de México, que lleva Jaime Parada, y la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, representada por Salvador Landeros. El próximo titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, solicitó al equipo de transición un dictamen para más tardar el 5 de septiembre. El segundo elemento es que con ello corre en paralelo la organización de una “consulta ciudadana” que se efectuará el 28 de octubre.
Aquí empiezan los problemas por hacer empatar el punto de vista de los expertos con la de las personas comunes para definir si conviene seguir los trabajos en Texcoco o cancelar para ampliar el Aeropuerto Militar de Santa Lucía y que opere simultáneamente con el casi septuagenario AICM. En las asociaciones de ingenieros hay sentimientos encontrados: por un lado, se sienten finalmente apreciados por un próximo gobierno luego de que en los tres últimos sexenios fueron desdeñados ante la presencia de la ingeniería europea; pero por otro lado perciben impostura al solicitarles con tanta premura un dictamen sobre una obra, la de Texcoco, cuya viabilidad ha sido examinada durante 50 años, para que luego sea un “dictamen popular” el definitorio.
La consulta en sí misma es una incógnita. Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral, considera inviable hacer una consulta vinculante, pues el INE es el único organismo encargado para efectuarlas… pero sólo hasta el 2012 cuando se efectúen elecciones legislativas intermedias. En el equipo del presidente electo se diseña el esquema de consulta, sin que haya precisión de la forma que tomará: si será de opción múltiple o sólo un “sí” o “no”, sí será una encuesta (que no tiene validez legal) y quién la organizaría, y sí la metodología para efectuarla será conocida previamente… y sí se hará una consulta entre expertos en encuestas para diseñar la consulta.
Entre los inversionistas y empresarios participantes en la construcción del NAIM existe la secreta esperanza de que la “consulta” sea un mecanismo para legitimar socialmente una decisión ya tomada, la de continuar la obra en Texcoco, pues cancelarla tendría impactos mucho mayores a los 100 mil millones de pesos de pérdidas estimadas, ya que de entrada los acreedores de bonos y créditos por 10 mil millones de dólares demandarán el pago inmediato de su dinero al tiempo que la calificación crediticia de México sería degradada por la pérdida de competitividad del país al limitarse de manera permanente su conectividad aérea como señala la agencia Moody´s.
Sin embargo, la gran pregunta es si por aclamación popular el nuevo gobierno de López Obrador pasará a la historia como aquel que canceló en definitiva un NAIM… y con ello la posibilidad de acelerar el crecimiento económico con 3 puntos adicionales del PIB anualmente los próximos 20 años. Veremos.
TV en la ciudad
Esta semana inició operación la nueva señal de televisión abierta en el Valle de México, Canal 6 del Grupo Multimedios, de Francisco González, a sazón de las frecuencias adquiridas el año pasado en licitación organizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Canal 6 se centrará en información pero con enfoque chilango y metropolitano. Los noticieros eje son el Telediario Matutino, dirigido por Azucena Uresti y Jaime Núñez; el de mediodía a cargo de Ana Laura Alanís y Sergio Gómez, y el vespertino por Carlos Zúñiga y Paola Barquet. Hay otros dos canales abiertos en ciernes, uno nuevo de MVS de Joaquín Vargas, que se supone iniciará a fines de este año, y el de Radio Centro, pero del que se desconoce si efectivamente lo pondrá en marcha Francisco Aguirre.
Traileros a las vivas
En la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la CANACAR, que preside Enrique González, están alerta ante la entrada en vigor la nueva división política en la CDMX, es decir, las alcaldías en lugar de las Delegaciones y que tienen atribuciones legales para generarse ingresos propios… como establecer cuotas especiales para el paso de camiones pesados en sus demarcaciones dado el impacto sobre el asfalto, vialidad y contaminación. Eso ya se intentó en Nuevo León, con Jaime Rodríguez “El Bronco”, y se armó la gorda. Le cuento la semana que entra.
