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GENTE DETRÁS DEL DINERO… CHILANGO / ¿CUSAEM en mi oficina?

En 2018, la contratación de un policía de la Bancaria Industrial para vigilancia intramuros de una empresa o una entidad de gobierno podía costar cerca de 19 mil pesos al mes, pero el “elemento”, es decir la persona sobre la que recae el trabajo, la responsabilidad y el riesgo, recibe un salario que no alcanza los 7,800 pesos mensuales.

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Mauricio Flores

Una de las contrataciones a nivel federal más bizarras realizadas en el sexenio anterior fue la del Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana de la Ciudad de México para que diera los servicios de control de acceso y cuidado de instalaciones de secretarias de estado y oficinas gubernamentales instaladas en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo y aún parte de Querétaro con un total de 50 mil efectivos -en su mayoría mal pagados- como denunció recién el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero esa práctica no es nueva; de hecho, la contratación de la Policía Industrial y Bancaria para servicios en entidades del gobierno federal -CONAGUA, PEMEX, SEMARNAT- ha sido una de las prácticas más comunes, más opacas y extrañas de las que hay testimonio.

Vaya, en 2018, la contratación de un policía de la Bancaria Industrial para vigilancia intramuros de una empresa o una entidad de gobierno podía costar cerca de 19 mil pesos al mes, pero el “elemento”, es decir la persona sobre la que recae el trabajo, la responsabilidad y el riesgo, recibe un salario que no alcanza los 7,800 pesos mensuales. Es decir, la Policía Auxiliar, una entidad de origen público y que recibe parte de presupuesto de gobierno, se embolsa cerca de 12 mil pesos por cada policía que “renta”. Un tarifario similar, tal vez 10% mas bajo, es el aplicado por el CUSAEM… entidad cuyo origen es similar a las de sus primos chilangos: entidades formadas para auxiliar la seguridad pública pero que terminaron por operar como empresas privadas para dar servicio privado y cobrar por ello sin tener que rendir cuentas de ello a ninguna instancia de transparencia o de control fiscal del gobierno.

Es fácil imaginar quienes se llevan el ganancial de esos servicios (que no es la tropa, los policías y sus supervisores) tanto en el Bancaria Industrial a cargo de Pablo Cesar Ovalle como en la CUSAEM encargada a Gerardo Castillo; los pactos políticos permiten una amplia manga ancha para altas ganancias a costa del presupuesto para dar servicios privados, descuidando las labores de seguridad pública al tiempo de generar una competencia desleal contra las empresas de seguridad privada formalmente establecidas y reguladas por la Secretaría de Gobernación.

A penas esta semana López Obrador se refirió a los posibles actos de corrupción que se esconden detrás de los contratos del CUSAEM en el gobierno federal, que no es posible cancelarlos de golpe debido a las condiciones legales bajo las cuales se dieron las contrataciones; pero tratándose de servicios que se pactan anualmente (en ocasiones es trianual, según la especialidad) es de esperar que el gobierno federal ya no los renueve y seque esa pingüe y opaca fuente de recursos.

Claro, que para ser justos, el gobierno de AMLO, a través de la SEGOB encargada a Olga Sánchez Cordero, tendría que hacer igual revisión y depuración de los servicios de la Policía Bancaria e Industrial, la cual empezó como una organización para regularizar en 1941 a los cuidadores de autos en la zona de Chapultepec y que terminó por convertirse en un órgano alterno a la seguridad pública que cobra como su fuera entidad privada.

Talento en rebeldía

Quizá la frase más desafortunada de Claudia Sheinbaum en su corta estancia al frente del gobierno capitalino haya sido la de negar la existencia de “niños prodigio” a fin de justificar el recorte presupuestal a las estancias infantiles que estableció tanto la SEP como la Secretaría de Bienestar. Sin embargo, los niños y jóvenes talentosos existen, tan existen que acaban de iniciar un movimiento para demandar se restituyan los apoyos que les permiten un desempeño por arriba del mediocre -lástima, pero así es- que les ofrece la escuela pública.

Con el apoyo de 13,599 firmas de padres beneficiarios del programa y 128 profesoras iniciaron la protesta para lograr que permanezca el esquema de apoyos tutoriales y de aprendizaje que inició el gobierno de Marcelo Ebrard en 2008 (no, no fue una invención neoliberal ni de Miguel Ángel Mancera). El llamado  Movimiento por la Permanencia Digna del Programa Niños Talento aboga por la continuad de un esquema que permite a los alumnos asistir cada semana a uno de los quince diferentes talleres que se imparten, divididos en tres academias: deportes, artes y ciencias.

Pese a lo resultados tangibles obtenidos cerca de 100 mil niños y jóvenes de alto desempeño académico, los trabajadores no han recibido mejora salarial (los suelos no pasan de los 9 mil pesos mensuales) y las condiciones laborales son precarias pue son se genera antigüedad ni se le ofrecen prestaciones a profesores y personal de apoyo, además de que tienen que firmar mensualmente contratos que no le generen ninguna responsabilidad patronal al DIF-CDMX.

Resulta increíble que gobiernos de presunto corte progresista tratara de esa manera a los trabajadores de uno de los proyectos educativos mas valiosos de la capital. Pero ahora resulta menos comprensible es que un gobierno con supuesto compromiso social procedió a un recorte salarial del 3% y los funcionarios del DIF a intimidar a los profesores y padres de familia que demandan la continuidad del programa. De hecho, los quejosos denuncian la intransigencia y hostilidad de Esthela Damián (directora del DIFCDMX) que parece tener por fin último desaparecer lo que, al parecer en una visión obtusa, es un programa ajeno y enemigo de la #4T.

Lo nuestro es la #política en la #CDMX; si en verdad te late la grilla chilanga en las redes, visita nuestra página: https://elinfluyente.mx

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