Mauricio Flores
A penas el pasado fin de semana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum declaró que se acaban los “polígonos de actuación” para desarrollo inmobiliarios por, según su visión, se trata de una figura que prestaba a todo tipo de transa, cochupo y moche a costa para construir enormes torres habitacionales y/o comerciales sin mayor contemplación a los vecinos, entorno urbano y calidad de vida. Bueno, ya se acabaron. ¿Y entonces que sigue?
Para el gobierno emanado de la Cuarta Transformación, es corrupto y lleno de vicios el proceso para la construcción de una estructura vigente hasta con gobierno de Miguel Ángel Mancera. Por lo tanto hay que extirparlo, acabarlo. “En realidad, los polígonos de actuación han sido un esquema para burlar los programas de desarrollo urbano y, como lo dije desde el principio, ya no va a haber autorizaciones de polígonos de actuación, transferencia de potencialidades. Nos vamos a ir sobre la autorización de los usos de suelo”, apunto flamígera Sheinbaum a la prensa capitalina y nacional.
La gran pregunta es acerca del modelo que el gobierno capitalino usará para continuar con la destrucción-construcción continua que vive en ciudad más grande del mundo y que 1 representa cerca del 11% del PIB de la CDMX y cuya parálisis podría enviar a la calle 150 mil desempleados… los cuales ya empezaron a sumarse en las cifras negras de inicio de sexenio, pues desde albañiles hasta ingenieros pasando por vendedores de inmuebles perdieron sus trabajos desde octubre pasado cuando todas las delegaciones capitalinas -aún no eran alcaldías- pararon todos las autorizaciones de construcción en espera del nuevo gobierno empezara dispendiar sus políticas. Los funcionarios del gobierno anterior, sumisamente, las acataron antes de que formalmente llegara la administración de Sheinbaum con la espada desenvainada contra los “polígonos de actuación”, ese modelo de autoregulación con que los propietarios de obra de terreno construían dando aviso a las alcaldías y supuestamente sujetándose a los planes maestros de desarrollo de cada localidad que, como constó en cuando menos 315 inmuebles denunciados por exceso de altura o carecer los servicios y prestaciones estipuladas en el Reglamento de Construcción de la CDMX, se usó para solapar irregularidades y abusos.
Pero lo que no queda claro es la nueva regla, la metodología, la regulación o lo que sea sobre lo cual se desenvolverá la construcción en la capital, la más importante de todas las actividades que se desarrollan en “chilangolandia”. Lo único que se supo este fin de semana largo por parte de los desarrolladores inmobiliarios es que el la autoridad “nos iríamos con las autorizaciones del uso del suelo”… lo que ello signifique.
Puede ser que emitir esas autorizaciones de uso de suelo sirvan para sancionar a los que ya construyeron y hasta vendieron departamentos y condominios -como dice Sheinmabum- pero también pueden ser la clave de cómo quiere predecir la #CuartaTransformación” lo que será la capital.
Se trata de una incógnita de la cual este miercoles, hoy, empecemos a tener alguna luz sobre la política inmobiliaria (valuada en peso y centavos) que se aplicará para la ciudad más importante del país, que tipo de ataduras y/o oportunidades está viendo la actual administración; sí las autorizaciones de uso del suelo serán solamente como herramienta de un acto de autoridad para sancionar a un centenar de abusivos desarrolladores inmobiliarios o la nueva norma para permitir el crecimiento económico -y eventual descentralización- de la capital.
Los integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios que encabeza Salvador Daniel han buscado participar en el desarrollo de las nuevas reglas, y en lo general se han manifestado a favor de que sancionar las construcciones fuera de norma y fortalecer las tareas de supervisión para evitar se inflija el reglamento, ya que los actos de corrupción en licencias de obra generan una competencia desleal contra quienes cumplen las reglas. Sin embargo, es desconocido hasta donde la sugerencias han sido tomada en cuentas y sí la eliminación del anterior modelo de autoregulación dará pasó a un esquema más sencillo, transparente y eficiente para la construcción en la capital.
Adiós burocracia
Los despidos en las dependencias federales instaladas en la capital ha sido la constante desde diciembre pasado: personal de confianza que sirvió para la administración de Enrique Peña, por el sólo hecho de haberlo hecho, fue visto con malos ojos por los representantes del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador independientemente de sus capacidades y cualidades: desde directivos y técnicos de Pemex, hasta expertos financieros en Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior, del Banco Nacional de Servicios Financieros o del Instituto Nacional de Cancerología, perdieron sus puestos de trabajo y/o decidieron renunciar (los que pudieron solicitaron su jubilación anticipada) por la reducción salarial que acompaña la “austeridad republicana” del actual gobierno. Si bien el ahorro por esos recortes es de 2,500 millones de pesos anuales, su impacto en las finanzas públicas es marginal (sólo alcanza para 40 días de becas “Jóvenes Construyendo Futuro”) pero ya generó una notable pérdida de talento en servicio público que empieza a ser palpable… o lo será en el corto plazo, como la salida de 300 expertos que participaban en el equipo negociador comercial de México, ahora que se aproximan disputas comerciales con Estados Unidos en materia de azúcar y alta fructuosa y eventualmente con China y Vietnam por revisión de salvaguardas a calzado y textiles.
