Por Mauricio Flores
@mfloresarellano
La formación de un mercado de combustibles a nivel nacional, derivado de una reforma energética ahora bajo fuego político, no ha sido nada fácil, pues nació bajo el estigma del “gasolinazo”; pero, en la Ciudad de México ha sido especialmente complicado por la tramitología tanto federal como local que incrementó en un apabullante 40% la realización de trámites.
De hecho, siempre ha sido una proeza abrir estaciones de combustible en la capital, en donde no hay más de 380 gasolineras que distribuyen 38 millones de litros diariamente. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno implantó el Bando 8 que complicó al extremo la apertura de estaciones; de hecho, algunas tardaron por ello hasta nueve años para abrir, es decir todo el período en que estuvo vigente el ordenamiento.
Pero esa obstrucción fue sustituida por cerca de 50 trámites federales y locales… mismos que en un año, a sazón de la apertura del mercado, subieron a 77 en sólo un año. Ello, conforme a las estimaciones de Fernando González, vicepresidente para el Valle de México de la Organización de Expendedores de Petróleo (Onexpo), significó un aumento de 30% en el costo administrativo de ese tipo de empresas por la obligada licencia, certificación para distribución, permisos ambientales y de seguridad, protección civil, permiso del uso del suelo y seguridad social, entre otros conceptos.
Si a ello se agrega la resistencia vecinal a la instalación de gasolineras cerca de viviendas (aunque no se ha registrado un solo incendio durante décadas dadas las exigentes normas de construcción de las cisternas), se trata de un negocio con un enorme mercado -unos 5 millones de autos circulan en la Zona Metropolitana- con gran obstrucción y que está generado un fenómeno de redistribución de las mismas gasolineras entre diversas marcas, más que la apertura de nuevas. Entre las nuevas marcas más visibles en la capital están British Petroleum (BP), Total, Shell, Repsol y G500.
UNTADITAS A LOS FACILITADORES
De hecho, las nuevas marcas de gasolineras ocupan un 25% de las estaciones existentes, algo así como 95, mientras que 85 todavía son franquicitarias de Pemex. Pero incluso algunas de nuevas marcas tienen que elaborar un “presupuesto alterno” para que los “gestores” o “facilitadores” permitan el cumplimiento del extenso catálogo de trámites.
Ese presupuesto para darle “atención” a los gestores y a los funcionarios menores que tienen la tarea de aceptar o rechazar los trámites, puede representar, cuentan, hasta 20% de costo de arranque de una nueva estación. Ese costo, por supuesto, representa una reducción de los márgenes de ganancias de las empresas, pues la competencia y la existencia de precios de referencia por parte de México limita la posibilidad de transferir esos “moches” al precio al consumidor.
DOS MODELOS DE NEGOCIO
Al margen de la “untadita”, existen dos modelos básicos de negocio de las nuevas gasolineras: abanderamiento y gasolinero. El primero lo representa BP, dirigido aquí por Álvaro Granada, que busca que estaciones existentes cambien la imagen de Pemex por la suya -cubriendo ellos el costo de ello y ofreciendo una ganancia de 93 centavos de peso por cada litro- y agregando su molécula exclusiva de alto rendimiento a la gasolina que adquieren del mismo Pemex.
En cuanto Shell, dirigido por Alberto de la Fuente, que si bien distribuye también combustibles de la empresa productiva del estado pero que trabaja en la construcción de sus propios centros de acopio para importar, busca comprar o rentar estaciones ya existentes ofreciendo margen de 80 centavos de cada litro ya libre de impuestos, lo cual tiene el incentivo de aumentar la utilidad cuando sube el precio del petróleo, pero la desventaja de pérdidas cuando baja ese precio.
Un modelo intermedio es el de Repsol, a cargo de Esteban Gimeno, con un margen 116 centavos por litro para aquellas estaciones que aceptan un acuerdo de distribución de largo plazo (10 años), que incluye inversión en capital fijo y renovación de máquinas expendedoras a fin de incentivar la permanencia de su marca.
En tanto, Pemex ofrece a sus distribuidores 120 centavos de margen y la penetración de la marca más conocida del país. La empresa productiva del estado ha tenido que aprender a competir, a enmendar errores como cuando reculó en un aumento de 100% en la cuota de mantenimiento de franquicia, pero viene la parte más compleja: absorber el costo del “huachicoleo” a sus ductos y a enfrentar la importación que sus rivales harán y que introducirán tanto en ductos como en tren.
RECONSTRUCCIÓN 2.0
La reconstrucción tras los sismos del 19S pasa necesariamente por el dinero. Cerca de 3 mil damnificados han exigido que la ayuda sea a fondo perdido, sin costo, reduciendo en lo más posible el endeudamiento.
Como en todo caso de desastre natural, no faltan los que buscan aprovecharse y pretenden obtener ayuda para viviendas que ya estaban dañadas por antigüedad y/o falta de mantenimiento.
Diferenciar técnicamente entre el reclamo legítimo y el oportunista es lo que dificultó instrumentar el programa que recién aprobó el gobierno a cargo de José Ramón Amieva: repartir 2 mil millones de pesos de manera proporcional a los metros cuadrados de cada propiedad, ya sea para la reconstrucción y/o abonar al capital de los créditos colocados a tasa preferencial por la Sociedad Hipotecaria Federal que lleva Alberto Cano Vélez.
El nuevo programa que coordina el comisionado Edgar Tungüi, desprovisto del clientelismo y ya sin la opacidad que privó cuando el programa original dependió de la Cámara de Representantes, también incorpora la demolición de otros 20 edificios con las debidas precauciones para evitar afectar las edificaciones adjuntas.
