Por Mauricio Flores
@mfloresarellano / Facebook: Mauricio Flores Arellano
Escena uno: el próximo presidente de la república presenta 50 acciones inmediatas a tomar a partir del primero de diciembre, pero -cosa fundamental- sin especificar los cómo y cuándo Andrés Manuel López Obrador las pondrá en práctica.
Escena dos: surgen las observaciones críticas (en su mayoría prudentes, no vaya a ser que uno se meta en problemas ante quien ostenta tal poder que literalmente pueda hacer “lo que quiera”, según Fernández Noroña) ante esos planes y en más de una ocasión generan el desgaste de esas propuestas a más de 120 días que inicie el nuevo gobierno.
Escena tres: progresivamente, el equipo de transición matiza esas propuestas que levantaron polémica -más o menos civilizada-, como fue el caso del aumento del precio de las gasolinas sólo conforme a la inflación general y de que no habrá consulta popular (sólo técnica) para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto de México.
¿Cómo se llamó la obra?
Hay quienes le llaman “tanteo”, “medirle el agua a los camotes”, “acierto y error”, “acumulación progresiva de conocimiento”. Pero sea el cual sea el apelativo que se aplique a un método pre-inicial de pre-gobierno, una de las propuestas que ha generado mayor inquietud social es la descentralización de 31 secretarías y unidades federales en igual número de puntos de la república, medida acompañada con la expulsión de 70% de los “empleados de confianza” o sea unas 247 mil personas, entre las que se encuentra el personal altamente especializado que lleva la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
Reubicar, cómo, cuándo…
La descentralización de la CDMX se perfila como una de las grandes urgencias metropolitanas más importantes del mundo, pero quizá una de las más complicadas, que impone el reto de las nuevas tecnologías de la información. Reubicar con empleo, casa y servicios a casi 2.5 millones de personas no parece viable en ningún sentido, no digamos ya la de desplazarlos con todo y familia, además de resentir un corte salarial del 50%.
La experiencia de la descentralización después del terremoto de 1985 no se puede calificar de exitosa, a pesar de que se ejecutó con instituciones pequeñas hacia ciudades medias (INEGI, a Aguascalientes; Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito, a Querétaro, y Caminos y Puentes, hacia Morelos) con un costo promedio por empleado de 7 millones de pesos, dada la necesidad de desarrollar vivienda y mantener estructuras y oficinas paralelas para mantener su funcionamiento.
Si la descentralización se tomará como una política de Estado, requerirá de una planeación detallada para la reubicación de oficinas y la llegada de trabajadores y sus familias, además de una red actualizada que permita la comunicación entre sus diversas oficinas. Las ciudades receptoras requerirán de una planeación efectiva, para crear oferta de vivienda y ampliación de servicios públicos de todo tipo, además de mejorar la infraestructura de transporte y vialidad.
Esa planeación requerirá de formar además en un tiempo récord la plataforma de un e-Gobierno, que permita la virtualización de la información y ejecutar los procesos administrativos clave como pagos de nómina, deuda, y la administración centralizada de compras y adquisiciones que se pretende realizar desde la Secretaría de Hacienda que encabezará Carlos Urzúa. La digitalización y centralización de operaciones tiene el objetivo declarado de ser herramientas fundamentales para desterrar la corrupción y tráfico de influencias.
Hoy, el Estado gasta no más de 0.1% del PIB por año en tecnologías de la información. Crear una red robusta y actualizada, compatible con todos los sistemas con que cuentan las entidades federales, que retome los avances del SAT para detectar flujos y operaciones de personas y empresas, implicará un esfuerzo presupuestal sin precedente, pero con resultados exitosos: la recomendación internacional es elevarlo a 0.5% del PIB, es decir unos 93 mil millones de pesos anuales. Seguiremos con el tema.
Válgame, Valgay
Precisamente un red automatizada puede evitar casos como los que se adjudican a Grupo Valgay, de Alberto Esteva, quien fuera titular de seguridad pública en el gobierno de Gabino Cue, en Oaxaca, y que renunció en 2015 tras el escándalo de la adjudicación que hizo a sus empresas para equipo y uniformes para la policía de esa entidad… y que resultó chafa y por tanto peligrosa.
Esteva no era nuevo en esas cosas: en la PGJCDMX se le recuerda por las licitaciones que ganó en 2012, siendo coordinador de la institución, concursos para Valgay y con Ramgrade y la firma Arturo López, coordinados por sus allegados Sabino García, Aurora del Carmen Gaytán, Roy Herrera y Javier Sánchez. Pero ahora, Esteva está de pláceme: como coordinador de campaña de Layda Sansores, con seguridad tendrá manga ancha en las operaciones de la alcaldía de Álvaro Obregón, de no ser que el e-Gobierno funcione.
Fideicomiso CDMX
Es sabido que a Morena chilanga le urge (por obvias razones político-mediáticas, dado el escándalo del Fideicomiso “Por Todos”) aportar 30 millones de pesos de sus prerrogativas al fideicomiso de reconstrucción de los edificios dañados por los sismos del #19S. Pero no lo puede hacer porque sería ilegal, a menos que la Asamblea Legislativa, a cargo ahora de Leonel Luna, haga las modificaciones para que no se suscite en escala capitalina otro escándalo del origen de los recursos a favor de damnificados. Claro, para Morena lo más sencillo será esperar a que entre la nueva legislatura, donde su mayoría es absoluta.
