Mauricio Flores
La presentación del nuevo programa de la Comisión Federal de Electricidad no deja lugar a dudas: al mando de Manuel Bartlett se pretende que esa empresa productiva del estado concentre la potestad de inversión en generación, transmisión y distribución de energía como inversión pública ya sin recurrir al anterior modelo de Asociaciones Público Privadas bajo la consideración real de no buscar compromisos presupuestales de largo plazo, internalizar en el presupuesto público tanto los costos que esos programas impliquen así como las eventuales utilidades (económicas y políticas) que deriven de la reconstrucción en los hechos de un monopolio de estado.
Vaya, si la reforma energética que impulsó Enrique Peña buscó regularizar en primera instancia los contratos de generación independiente de energía y de los sistemas de autoabasto para luego dar paso a un mercado eléctrico con entidades reguladoras autónomas (como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Energía, la Centro Nacional de Energía y el Centro Nacional de Control del Gas Natural) para equilibrar la participación de nuevos inversionistas privados ante el control de la CFE en la posesión de ductos de gas y de las redes de transmisión así como de las centrales de despacho, la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador va en sentido inverso. Es decir, la #4T no requirió en este caso de derogar la reforma del gobierno anterior y proponer una contra reforma como sucedió en la educativa; la estrategia es la anulación de facto de algunas de las entidades reguladoras y fortalecer aquellas que contribuyan a centralizar la tomas de decisiones en las empresas productivas del estado (tanto CFE como Pemex) que a su vez centralizan la toma de decisiones en sus respectivos directores generales que atienden la línea directa del presidente de la república.
Y en ese sentido se tomaron cinco medidas notables en los primeros 60 días del nuevo gobierno: 1) se canceló la construcción de un nuevo ducto de gas natural desde Pajaritos hacia Mérida al tiempo que se canceló la licitación de un buque-tanque con 600 millones de pies cúbicos de gas que sería vendido tanto a Pemex, CFE y a productores independientes en el sureste mexicano para la temporada de primavera; 2) se canceló la licitación para asociación público privada para la construcción de la red de transmisión de alta tensión Istmo-Yautepec para mover la energía de los campos eólicos de Oaxaca al centro del país; 3) se canceló la licitación de la red de transmisión de alta tensión, también asociación público privado, para mover energía de las granjas fotovoltaicas de Sonora a Baja California Sur; 4) se canceló la cuarta ronda de licitación para aumentar 5% la capacidad de generación que hubiese sido vendida a la CFE; 5) No se ha presentado un programa detallado de financiamiento y construcción de centrales que abastezcan el suministro que no será adquirida a productores independientes como venía sucediendo.
El problema de fondo es precisamente el problema de suministro eléctrico, pues la capacidad hoy existente es suficiente pero dispersa y con baja eficiencia dada la antigüedad y escala de producción que padece 66% de las plantas de la CFE, varias de las cuales trabajan todavía con diésel cuyo precio resulta hasta 4 veces más alto en comparación de la potencia generada con gas natural. De hecho, la CFE necesita adquirir esa energía para atender una tasa media de crecimiento de la demanda eléctrica de 4% anual, así como adquirir el gas suficiente para la generación actual y evitar apagones en la próxima temporada primavera-verano.
El asunto se ha complicado por la “moralización” de los “contratos del período neoliberal” y los “chapulines fifís” (funcionarios que pasaron al sector privado de energía pasado el año de ley para supuestamente evitar el conflicto de interés), mezclándolo con un asunto meramente mercantil: ciertamente existen empresas que se preparaban para la cuarta ronda de generación con precios garantizados a nivel actual durante 15 años cuando en ese plazo la tendencia es que se abarate el costo por kilowatt hora dados los avances tecnológicos sobre todo con fuentes renovables. Es decir, una buena negociación hubiese servicio para presionar a la baja el precio de compra, pero se optó por el conflicto ideológico que generó preocupación entre las empresas proveedores así como en los que construyen ductos de gas para la CFE y que presionó al alza el costo financiero de la deuda de la empresa.
Finalmente el presidente optó por “no demandar” (como había amagado Manuel Bartlett) a las empresas que no han podido terminar de construir los gasoductos (tres de los siete en proceso, están detenidos por sabotajes y obstáculos en el derecho de vía, los de Carso Energy, T-Energy e Ienova) y se comprometió a desbloquear las obras. Pero el hecho es que no haya un plan de financiamiento específico para ampliar la producción, que el costo de dinero público se haya encarecido y que esté en juego el la calificación crediticia de la CFE, puede originar un desbasto eléctrico en el mediano plazo que afectaría el Valle de México, región en donde se consume cerca de 20% del fluido y que tiene una nueva política de impulso al transporte eléctrico.
Pero existe también un problema de corto plazo, por la falta de gas para generación, que si bien afectaría principalmente la región sureste del país, por des-compensación en el sistema eléctrico nacional provoque apagones y “racionamiento” que podría alcanzar la capital del país.
Con el apagón, ¡que cosas suceden!
