Mauricio Flores
Que ora si se acabo… pero quien sabe. Todavía con recalentado en la cazuela, los arbolitos navideños aún encendidos y los juguetes de Reyes de recién estreno, empezaron a llegar a los directivos de las empresas constructoras los oficios de suspensión provisional y temporal para el Edificio Terminal, Losa de Cimentación y Torre de Control del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, girados por los subdirectores del “lado aíre” y “lado tierra” del Nuevo Aeropuerto Internacional de México Julio Antonio Diaz y Guillermo Ramírez, respectivamente. El principio del fin, asegura la dirección del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) a cargo de Gerardo Ferrando, pues con ello se cumple el mandato ordenado a finales de año por el Consejo de Administración de esa agrupación y que preside el secretario de comunicaciones y transportes Javier Jiménez Espriú.
Los oficios, que a estas fechas ya también deben estar en manos de los constructores de las Pistas 2-3 y 6 (esta última edificada directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional), aducen al “interés” general el proceso de suspensión. Y es provisional, por que se ejecuta en lo que cada constructora y el GACM acuerdan que obras deben preservarse a fin de evitar el deterioro de los activos que serán entregados al gobierno y cuales deben ser desmontados y derruidos para evitar accidentes y daños; y es temporal por qué se requiere tiempo para que las empresas constructoras presenten sus cálculos de costos para que proceda la liquidación correspondiente al proceso de “terminación anticipada de obra” y así cerrar en definitiva lo que fue el proyecto de infraestructura más grande en la historia del país.
¿Qué se hará en un polígono de 5 mil hectáreas donde se han colocado pistas de 5 kilómetros de largo por 90 metros de ancho (con un peso de 12 millones de toneladas cada una), una terminal cuya sola cimentación y columnas-funiles deben pesar cerca de 7 millones de toneladas y una torre de control cuya estructura alcanzó 45 metros de los 90 que debería haber alcanzado y está preparada para soportar terremotos de 10 grados Richter?
Lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha externado a los contratistas privados es que en ese lugar se hará un parque ecológico que incluirá espacios de “recuperación lacustre” y áreas de esparcimiento. No se sabe con certeza que tipo de reforestación se podrá hacer ni su costo (no existe por ahora un proyecto ejecutivo, sólo bosquejos) como tampoco el mecanismo de financiamiento que permita dar mantenimiento a una superficie tan amplia que cabrían seis veces Chapultepec sin que caiga en el abandono, la vandalización y la posterior invasión por asentamientos poblacionales irregulares. Ya no se hable del plan hidráulico para evitar que el anegamiento del áreas del polígono no vuelvan a inundar áreas completas del Valle de México… pues por esa razón empezó a ser desecado en el siglo XVII.
Sin embargo, antes de llegar a la creación de ese parque ecológico, existen diversos factores legales y financieros a ser resueltos: primero, que se haga el pago correspondiente y sin merma a los contratistas. Si bien el interés externado oficialmente por el GACM es que los cobros se reduzcan lo más posibles, ningún empresario esta dispuesto a perder. Ciertamente que en México “ser contratista y hombre no es posible al mismo tiempo”, es decir que ningún constructor instalado en el país se peleará con el gobierno, tampoco serán pasivos sí se les orilla a asumir pérdidas. Los más aguerridos eventualmente a ello serán las empresas internacionales involucradas en planeación y diseño sí no les son reconocidos sus gastos no recuperables.
Y, por supuesto, está la compleja labor de convencimiento que el gobierno federal tendrá que hacer con los tenedores de dos terceras partes de los bonos que, conforme a su Comité Ad Hoc, más de la mitad de ellos no aceptan las condiciones de recompra hechos por la SHCP… a menos que se les pague una prima considerablemente mayor y se garantice firmemente la recuperación de su dinero con otros activos públicos.
Y entre constructores e inversionistas, el aspecto mas delicado que puede provocar un estallido de demandas es que no se fundamente correctamente el “interés general” ( o interés público) para terminación anticipada de obra: un error en ello junto con pagos que no convenzan a los acreedores y contratistas, y entonces vendrá la conflagración.
No había huachicol en NAIM
Unos días antes de la explosión en Tlahuelilpan, el presidente declaró en una de sus conferencias matutinas que en el polígono del Nuevo Aeropuerto había depósitos de combustible robado. A la fecha no hay información firme al respecto, incluso fuentes militares no han confirmado la existencia de tales depósitos aunque aseguran que se hace la pesquisa. Lo que había, eso sí, son depósitos que distribuidores autorizados por Pemex colocaron por solicitud de los constructores a fin de suministrar diesel a maquinaria y equipos, distribuidores como la firma Nieto e Hilario Suarez. Y hubo venta de combustible robado -documentado- fuera del polígono a los sindicatos de transportistas de material pétreo, por lo que la administración en aquel entonces a cargo de Federico Patiño prohibió la compra del mismo a todas las firmas que trabajaran para el proyecto so pena de la cancelación de sus contratos y presentar denuncia de hechos.
En el NAIM, en el tema del huachicol, tampoco hubo corrupción documentada.
