Alejandro Zúñiga Olmos
La tragedia de los 7 menores calcinados en una vivienda en Iztapalapa el último viernes de 2018, desnudó la realidad en la que sobreviven miles de infantes en la Ciudad de México.
Se sabe que el incendio ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana, cuando los niños dormían, pero los padres no estaban con ellos, se dijo, “porque se encontraban trabajando”.
La vivienda era de madera y láminas de asbesto y, aunque no se ha precisado la causa del incendio, se cree que fue provocado por un corto circuito.
Los vecinos relataron que sus padres se drogaban, maltrataban a los niños, los abandonaban y se desatendían de ellos.
“Desde que tenían cinco años la madre vendía a sus hijas a un señor para no pagar la renta y abusaba de ellas”, denunciaron.
Aunque nuestra Constitución y la de la Ciudad de México garantizan como principios básicos el respeto a los derechos humanos, a una vivienda digna, a la erradicación de la pobreza y la no discriminación, la realidad es que miles de niños están condenados a una muerte prematura sin que nadie haga nada por rescatarlos.
Los problemas que enfrentan esos menores tienen su origen en la orfandad, la violencia familiar, el abandono, el alcoholismo, la sobre explotación, la desintegración familiar, el consumo de drogas, el maltrato o la discriminación.
Y todos los casos presentan el mismo común denominador: la pobreza.
Tras la muerte de los 7 niños, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, se comprometió a desplegar un programa para sacar de la pobreza extrema a las 32 mil 100 familias que, según dijo, viven en esa condición en el territorio que gobierna.
No está mal para empezar en Iztapalapa, mientras no quede en la simple declaración política, pero el problema no es solo local, es nacional, amplio y complejo.
Un informe difundido en 2017 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dio a conocer que 21 millones de menores viven en pobreza en México, aunque no desglosó la información por entidades.
Aquí, en la Ciudad de México, se han intentado levantar censos de la población en extrema pobreza y de niños en situación de calle, pero hasta hoy no hay datos confiables.
Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), tan solo 85 mil niños de entre cinco y 14 años de edad se dedican a alguna actividad económica en la Ciudad de México.
El destino de esos niños obligados a trabajar es, según expertos, discriminación, deserción escolar, abuso, consumo de drogas, explotación laboral, prostitución, acoso policial, delincuencia y frustración.
En la capital hay alrededor de 40 organizaciones, entre públicas y privadas, dedicadas a tratar de rescatar de las calles, del abuso y la violencia a niños y niñas, pero han trabajado con una visión asistencialista, descoordinada y aislada.
El resultado es que han arraigado más a los niños en las calles y, pese a sus esfuerzos de reintegración social, continúa en aumento la indigencia, la pobreza y la violencia infantil en la Ciudad de México.
Sería recomendable que los tres niveles de gobierno: federal, local y alcaldías actúen de manera coordinada, diseñen políticas públicas articuladas, integrales y probadas por expertos, para lograr abatir la pobreza extrema y revertir la desintegración social.
Lograr un verdadero impacto requiere un uso eficiente de los recursos, instrumentar estrategias de prevención y de desarrollo humano integral.
La realidad no cambia en un día, una semana ni un mes. Toma tiempo modificarla, pero es momento de volver visibles a los olvidados, a los indefensos y a los marginados. La Cuarta Transformación tiene la palabra.
