Alejandro Zuñiga
Unas 85 hectáreas del Bosque de Chapultepec, el pulmón más importante de la Ciudad de México, están en riesgo de ser privatizadas y convertirse en zona habitacional, con el apoyo discrecional de autoridades del Poder Judicial.
A principios de la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba la mega obra del Complejo Cultural del Bosque de Chapultepec, que prevé ampliarlo de 686 a 800 hectáreas con la creación de la Cuarta Sección, pero un fallo judicial aguó la fiesta.
La resolución vino del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que ordenó a la autoridad regresarle el terreno de Montes Apalaches 525 de casi 5 mil m2 del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a la Inmobiliaria Trepi que, desde 1999, disputa su posesión.
En 1992 ese predio fue expropiado, pagado a la inmobiliaria y considerado Área Natural Protegida, como parte de 85 hectáreas incorporarlas formalmente a lo que hoy es la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.
La Inmobiliaria interpuso el amparo (1321/2007) que obtuvo una sentencia ejecutoria de la Jueza 40 de Distrito en Materia Administrativa, Ma.Guadalupe Rivera González, quien determinó incumplimiento de la causa de utilidad pública.
Expertos en derecho aseguran que, para imponer su resolución, la jueza desestimó al menos tres hechos jurídicos fundados que confirman el valor ambiental del predio.
Que desde 1982 fue declarado parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la entonces delegación Miguel Hidalgo.
Que fue expropiado en 1992 en favor del otrora Departamento del Distrito Federal y declarado Área Natural Protegida.
Y que el último dictamen técnico, levantado en 2003, cataloga el espacio como Área de Valor Ambiental porque capta agua, absorbe radiación solar, regula el clima, reduce la contaminación y es hábitat de al menos 45 especies diferentes de aves, decenas de insectos, mamíferos y reptiles.
El mayor peligro reside en que, de ganar este litigio la inmobiliaria, sentaría un precedente letal para el bosque, pues le abriría la puerta a desarrolladores voraces para disputar, en colusión con jueces corruptos, las más de 85 hectáreas que rodean Montes Apalaches 525.
El tema desató reacciones de los tres niveles de gobierno y de diversos sectores sociales. El Presidente López Obrador advirtió que no se va a privatizar el bosque y se acabaron los negocios inmobiliarios al amparo del poder público. Postura avalada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Romo, cerró filas con los vecinos y anunció un frente pro bosque al que, ipso facto, se sumaron la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y el gobierno capitalino para definir una estrategia jurídica única.
En el ámbito jurídico, la postura más contundente la expuso, en una entrevista radiofónica, el presidente de la Defensoría del Tribunal Universitario, el doctor Eduardo López Batancourt, vecino de Miguel Hidalgo, quien, entre otras cosas, remarcó:
Es inconcebible que una jueza, por intereses inmorales, conceda un amparo en hechos que, si se analizan históricamente, se sustentan en una argumentación legaloide y endeble.
Se trata de una zona de valor ambiental para garantizar la vida humana, por lo que es inconcebible que a una jueza y a los integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa se les olvide el fondo del problema.
Son actos que aumentan el descrédito en el Poder Judicial, reclaman un cambio inmediato y exigen poner freno a la impunidad.
Y remató: “es hora de ver a un juez pícaro en la cárcel y mandarle un mensaje al ciudadano: que en México se aplica la ley”.
