Ganó con una aplastante mayoría de más de 50% de los votos y mantiene una aprobación que, aunque ha bajado en los últimos días, sigue por encima del 60%.
Llega con una mayoría apabullante en el Congreso federal, Senado y Cámara de Diputados, y hasta en el primer Congreso de la Ciudad de México.
En contraparte, su antecesor Enrique Peña Nieto, cerró con cifras vergonzosas su administración. Una desaprobación ciudadana de 68%, la peor calificación para un ex presidente en los últimos 24 años.
Deja un país sangriento y con un aumento incesante de la violencia: 250 mil muertes en la lucha contra el crimen, más de 40 mil desaparecidos y más de 1,200 fosas clandestinas contabilizadas.
A esto se añade que el 72% de los ciudadanos ve a Peña como una figura corrupta, una marca que lo acompañó desde su segundo año en el poder y mató, desde entonces, la poca credibilidad que le quedaba a su gobierno.
Su sexenio culminó con un clamor de justicia en la población pocas veces visto. Los ciudadanos añoran una verdadera procuración e impartición de justicia, con la instauración de un auténtico estado de derecho.
De hecho, la marca imperdonable del gobierno saliente es la impunidad, que conlleva descaro y burla para los gobernados. En todos los casos campeó la corrupción por encima de la justicia en el gobierno Peñista.
Impunidad en las casas de lujo “compradas” a contratistas del gobierno; en la tesis universitaria plagiada; en el despi- do de la periodista Carmen Aristegui; en el juicio y la condena reducida, prácticamente a tres años, para el gobernador más corrupto que se haya visto jamás: Javier Duarte.
Impunidad en el doloroso caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa; en el de los civiles masacrados en Tlatlaya; en la investigación que reveló la #estafa-maestra, donde 11 dependencias lavaron dinero público mediante 186 empresas a las que otorgaron contratos irrgulares y de estas 128 son fantasma (un fraude de 192 millones de USD).
Impunidad en el caso Odebrecht México, y en el mortífero socavón de la México-Cuernavaca. La lista es conocida, interminable e indignante.
Por todo eso, el borrón y cuenta nueva propuesto por el presidente suena como si no hubiera pasado nada. Como si el Estado de Derecho debiera inventarse cada sexenio para que los gobiernos fijen sus propias reglas a fin de hacer y deshacer a su antojo, en lugar de aplicar, respetar y hacer respetar la ley.
Cuando en el Tercer Debate Presidencial le preguntaron al entonces candidato López Obrador cuál era su plan de crecimiento económico sin el TLCAN, que por esos días se discutía, respondió: primero que nada “acabar con la corrupción”.
Habría que preguntarle ahora, ¿se puede acabar con la corrupción sin castigar a los corruptos y sin aplicar la ley? Sería insoportable para los mexicanos que su presidente volviera a soslayar el estado de derecho y a burlarse de ello.
Veremos si el nuevo presidente, en lugar de pregonar perdón y olvido, es el primero en respetar el estado de derecho después de 36 años de impunidad e injusticia. Esa es la llave para convertirse en el mejor presidente de México, no jugarle al mesías.
