Alberto Cuenca
Qué mala señal la de Claudia Sheinbaum al remover al titular del Instituto de Vivienda, aunque peor fue la razón de fondo que la llevó a quitarlo y aún más lamentable se avisora la decisión de la mandataria al nombrar al sustituto.
La suerte de Pedro Sosa Álvarez ya estaba echada desde antes, porque se había confrontado con integrantes clave del gabinete capitalino, como la secretaria de Gobierno Rosa Icela Rodríguez; incluso, al interior del Instituto tenía pleito con funcionarios subalternos como Rodrigo Chávez Contreras, director ejecutivo de Operación del Invi.
Sosa no quiso prestarse al juego de siempre en el que los distintos gobiernos colocan al Instituto de Vivienda como un instrumento más de la estructura clientelar, desde donde se privilegian y palomean recursos en beneficio de aquellas organizaciones sociales que, a cambio, lanzan loas y fortalecen la estructura electoral de la clase política en turno.
Neutralizado y hasta agredido por grupos dentro y fuera del Invi, como el mismo lo denunció en su carta de renuncia, Sosa tomó una decisión arriesgada y el pasado 11 de julio publicó en la página de Internet del Instituto de Vivienda las nuevas reglas de operación del organismo.
Las reglas fueron aprobadas por el Consejo Directivo del Invi, donde participan dependencias como Seduvi, Sedeco, Sedema, Sobse, Gobierno y la Contraloría, pero aunque el documento tenía ese visto bueno, lo que hizo Sosa sin consultar a nadie fue publicarlas y ello generó un conflicto entre el gobierno de Sheinbaum con los grupos afines la 4T. Todos quedaron exhibidos.
Lo que sucedió públicamente después devela claramente para qué sirve y quiénes manejan los recursos de una institución que supuestamente existe para garantizar el derecho a la vivienda social y popular de los capitalinos más vulnerables.
En este 2019 el Invi cuenta con 1,070 millones de pesos para el programa de mejoramiento de vivienda, mientras que el plan de créditos para vivienda en conjunto suma 1,300 millones, una jugosa bolsa que incluso supera el presupuesto de algunas alcaldías.
Dentro de las nuevas reglas de operación publicadas por Pedro Sosa se restringe la actuación de los llamados gestores que intervienen en la asignación de créditos a los solicitantes de vivienda.
Así, se establece que los financiamientos directos únicamente se autorizarán para las personas registradas en la bolsa de vivienda, quienes deberán comprobar su situación vulnerable o que forman parte de algún programa social. Con ello se evitará el condicionamiento de apoyos.
Se hará un registro de identificación por cada organización beneficiada para evaluar el grado de recuperación, el cual servirá de referencia para autorizar nuevos proyectos.
Como se ve, las reglas abonan a combatir la corrupción y a evitar que el Invi sea utilizado como un botín, por ello a organizaciones como la Asamblea de Barrios no les gustó nadita y el pasado 31 de julio sus agremiados bloquearon los accesos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Como no se había visto con otras organizaciones sociales, Claudia Sheinbaum salió de sus oficinas a atender personalmente a los inconformes.
Sorpresivamente les dijo que ella nada tenía que ver con esas reglas a las que calificó como injustas y que prometió revisar, al tiempo que giraba instrucciones a Rosa Icela Rodríguez para atender a los inconformes.
Ya para el viernes 2 de agosto Sheinbaum anunciaba la remoción de Pedro Sosa, no sin reconocer que las reglas de operación eran parte de la razón de la salida, así como la falta de comunicación del funcionario con otras áreas del gobierno y problemas de atención ciudadana.
Como encargado de despacho quedó Rodrigo Chávez, el director de Operación del Invi y que para mayor referencia es fundador y dirigente de la Asamblea de Barrios Patria Nueva.
En esas manos está y ha estado el Instituto de Vivienda. El mismo Sosa se lo advirtió a Sheinbaum en su carta de renuncia, cuando expuso que quienes dicen apoyarla a ella y a la 4T sólo presionan, chantajean y mienten.
