Alejandra Martínez
Hace 40 años, cuando activistas e intelectuales realizaron la primera Marcha del Orgullo Homosexual, en el entonces Distrito Federal, lejos estaban de imaginar que algún día las parejas del mismo sexo tendrían muchos de los derechos que hoy tienen, como el matrimonio y la adopción ¡y mucho menos, el acceso a la seguridad social! Pero finalmente el pasado 6 de noviembre el Senado aprobó las reformas para dar un paso más en la ruta en favor del trato igualitario.
Mientras en el país se debatían asuntos como la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la despenalización de la mariguana con fines lúdicos y la eliminación de las comisiones bancarias, el Senado presentó y aprobó una iniciativa de reformas a las leyes del Seguro Social y del ISSSTE para permitir que las parejas del mismo sexo puedan tener acceso a la seguridad social en todo el país, sin que medie una controversia o juicio.
La iniciativa, presentada por Germán Martínez, ex panista y próximo director del Seguro Social, contó con el aval de todos los partidos del Senado, dando así el primer paso para convertirse en derecho pleno, ya que aún falta que se apruebe en la Cámara de Diputados, donde la mayoría de Morena seguramente le dará el visto bueno.
El día de la aprobación, las crónicas periodísticas narraron cómo el Senado se vistió con la bandera arcoíris de la diversidad, logrando lo que por años fue parte de las demandas de la comunidad LGBTTTIQ en foros y en la marcha que anualmente se realiza en avenida Reforma: igualdad de derechos para quienes deciden formar y vivir en pareja.
La iniciativa que presentó Morena “ya estaba cantada” desde hace tiempo. Su aprobación se considera por las organizaciones que trabajan en temas de discriminación y diversidad como un avance, no sólo en términos de dar visibilidad a esta comunidad, sino también en el logro de derechos plenos y el reconocimiento y respeto de la sociedad.
Por años uno de los espacios para exigir la ampliación de derechos a la población LGBTTTIQ fue la marcha del Orgullo Homosexual, que con los años se convirtió en lo que hoy es la Marcha del Orgullo Lésbico-Gay y más tarde LGBTTTI, un evento con el que se tomaban las calles, a riesgo de ser reprimidos por la policía, y que con los años se convirtió en una fiesta.
Y mientras en los espacios públicos crecían las expresiones y simpatías en favor de este sector, las reformas legales fueron llegando, especialmente a la Ciudad de México, donde se tuvieron las primeras legisladoras de la diversidad, la primera ley de Sociedades de Convivencia y las primeras reformas para permitir el matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo. El ejemplo de la ciudad fue seguido poco tiempo después por los estados de la Federación.
Cada logro, cada paso, ha sido el resultado de años de batallas legales, de poner en evidencia a autoridades y funcionarios, y de encarar a una sociedad que todavía hoy tiene expresiones y conductas de discriminación en contra de las parejas que no son heterosexuales.
En el caso del derecho a la seguridad social, la demanda se incluyó desde la primera iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia, un documento que debió esperar varios años para hacerse realidad y que no incluía el derecho recientemente logrado.
Aunque el matrimonio entre parejas del mismo sexo se aprobó en 2010 en la capital del país, por increíble que parezca no consideraba el derecho a la seguridad social, con el argumento de que en los documentos y el sistema no aparecía la palabra cónyuge. Esto ocasionó que todavía en 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación al IMSS pidiéndole afiliar al concubino de un varón.
Cinco años antes, en 2012, hubo un caso en que esto ya se había logrado, gracias a una resolución de la Corte. Pero fuera de esos dos ejemplos, y sin batallas legales, hasta ahora no era posible que el Seguro Social otorgara ningún derecho, aun cuando el ISSSTE y el Infonavit ya habían avanzado en el reconocimiento de los derechos de esta comunidad.
Ahora, una vez que la iniciativa se convierta en ley y se promulgue, no habrá argumento para que ninguna pareja se quede sin seguridad social y derecho a una pensión, sin importar que se trate de una pareja hetero u homo sexual. Bastará el hecho de estar casados y cumplir con los requisitos correspondientes.
Cierto que respecto a 1978 los avances legales y sociales que ha logrado la comunidad LGBTTTIQ son enormes, pero sigue faltando, sobre todo, avanzar en la parte social, en la aceptación plena de este sector de la población y en la eliminación de los crímenes por odio a quien piensa, siente y vive diferente.
La sociedad debe emprender esa transformación, acompañada de un Estado que proteja y dé garantías a quienes por años han sido criticados, violentados y discriminados. Sólo así llegará la verdadera justicia. Sólo así podrá desplegarse en nuestro cielo el arcoíris de la justicia.
