Por Jorge Alberto Lara
@jorgelara1
En los modelos de organización del poder público la denominada participación ciudadana siempre ha representado dilemas respecto de los espacios en la toma de decisiones, ejecución y evaluación de políticas, que deben ser garantizados para el ciudadano que no ostenta responsabilidad oficial, que no es representante o servidor público.
Es en ese capítulo de la conformación de instituciones democráticas de Occidente en que se gestó la democracia participativa, que supone un escalón superior o complementario del modelo fiduciario de la democracia representativa con la que arrancó la consolidación del estado nacional. En esta última, las teorías de la soberanía y la representación se fundieron en una conjugando la fórmula que hasta la fecha prevalece en la mayoría de las naciones sin que la nuestra sea la excepción: si bien la soberanía radica en el pueblo, este la ejerce a través de sus representantes.
En tanto, la democracia fue madurando a través de las experiencias particulares y gestas que ampliaban los horizontes del ejercicio del poder y le imprimían horizontalidad, se conformaron instituciones correspondientes a la democracia participativa. En virtud de esta el ciudadano recibe espacios de actuación en la esfera pública, antes reservados a los oficiales del poder.
Dichas encomiendas o responsabilidades se han configurado, por ejemplo, en las consultas concurrentes con los comicios y han versado desde cuestiones propias de la cotidianidad municipal como la apertura de una biblioteca hasta en temas tan complejos con el denominado Brexit o los referéndum separatistas. En nuestro país ahora causa polémica la consulta sobre la ubicación de un necesario nuevo aeropuerto, lo que no es objeto de este artículo.
La participación de la ciudadanía ha avanzado de manera accidentada. Es una de las asignaturas pendientes de resolución definitiva, sobre todo ahora que es sencillo usar las tecnologías de información para realizar consultas y sondeos con un alto grado de certeza.
El área de la política pública en la que más temprano avanzó la intervención directa del ciudadano es la justicia. Desde las antiguas Roma o Grecia y sobre todo a partir del medioevo se conformó el dictado de la justicia directamente por los ciudadanos especialmente en Inglaterra. Dicha forma se extendió sobretodo en los países pertenecientes al sistema jurídico del derecho anglosajón.
En los Estados Unidos de Norteamérica, el derecho de ser juzgado por un jurado de pares es un derecho constitucional y fue precisamente una de las exigencias que motivaron su revolución de independencia.
Desde luego que los jurados populares no son cien por ciento infalibles. Así lo demuestra incluso la historia judicial de Estados Unidos con casos como el de O.J. Simpson. Sin embargo son un mecanismo muy potente para que el ciudadano, como decía Tocqueville, se comprometa con la justicia y la comunidad. Esta figura debería ser valorada como espacio de vigilancia, evaluación, transparencia e incluso legitimación para todos los operadores del sistema de justicia, policías, fiscales, jueces.
Hoy, la participación ciudadana en seguridad y justicia es un pálido pincelazo que ubica a algunos ciudadanos notables en sendos asientos del Consejo Nacional de Seguridad Pública donde, desde las alturas, toman nota de agregados estadísticos y aspectos muy generales. La potencia que puede tener la inclusión de la ciudadana vía jurados populares en comparación con lo que tenemos hoy, única y exlcusivamente jueces profesionales, es inconmensurable. Para reflexionar.
