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LA ANTÍPODA OSCURA / Estira y afloja

El jueves pasado la jefa de Gobierno no se tentó el corazón para dejar en evidencia a los integrantes del Congreso capitalino, quienes aprueban dictámenes sin revisar las letras pequeñas.

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Alberto Cuenca

Claudia Sheinbaum regresó pronto el desdén a los diputados locales, luego de que los legisladores le batearon la propuesta de permitir que personas mayores de 70 años, como el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz, se convirtieran en magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

El jueves pasado la jefa de Gobierno no se tentó el corazón para dejar en evidencia a los integrantes del Congreso capitalino -donde los de Morena por cierto son abrumadora mayoría-, quienes aprueban dictámenes sin revisar las letras pequeñas.

La mandataria devolvió a los legisladores el decreto de la nueva Ley de Cultura Cívica, pues en el artículo 27 pretendían sancionar el sexoservicio con multa y arresto cuando existiera queja vecinal o de la Alcaldía correspondiente, sin precisar, por ejemplo qué funcionario de la alcaldía tendría esa atribución.

Los argumentos de Sheinbaum fueron contundentes: “Se viola flagrantemente la perspectiva garantista con la que fue concebida la Constitución de la Ciudad de México, misma que reconoce como fundamental el principio de dignidad y garantiza el de no regresividad y progresividad de forma transversal para los derechos ya conquistados en esta Ciudad”.

Les recordó que de acuerdo con la norma máxima local el trabajo sexual debe ser entendido como un trabajo no asalariado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la misma Constitución.

“Por ello, no puede ser calificado simplemente desde un punto de vista moral, pues actualmente se ejerce dentro de un contexto de discriminación, violencia, inseguridad, abuso, falta de oportunidades y acceso a derechos”, les dijo.

Rudeza innecesaria, quizás, porque particularmente los diputados de Morena ya habían hecho acto de contrición, pues desde un día antes reconocían que se habían equivocado en incluir dicha sanción, lo que además les costó una fuerte presión social de parte de colectivos de la comunidad LGBTTTI, quienes en redes sociales y con una protesta afuera del Congreso local reclamaron la conducta levanta dedos de los legisladores.

Ahora que Sheinbaum les regresó a los diputados el decreto veremos si esto no se convierte en un juego de vencidas, pues con este movimiento la jefa de Gobierno arriesga de paso la legalidad de sus fotocívicas y el trabajo comunitario.

Recordemos que la crítica a ese plan de fotocívicas es que éstas se aplican sin tener sustento en esa Ley.

Ya que hablamos de la sui generis relación entre el Ejecutivo y el Legislativo local, en días pasados el director de Planeación del Desarrollo de la Seduvi, Pablo Benlliure, tuvo una reunión con diputados, a quienes les presentó la iniciativa de Ley de Planeación que Sheinbaum remitió al Legislativo local.

Durante el encuentro, el también investigador de estudios metropolitanos de la UAM destacó los puntos más importantes de la iniciativa y la ruta crítica diseñada por la administración local para la aprobación del resto de leyes en materia de desarrollo urbano.

Subrayó que en la propuesta se contempla la existencia de un mecanismo de quejas para ciudadanos, cuando haya funcionarios que no cumplan la Ley de Planeación, además de que habrá una oficina especializada para la consulta pública en el futuro Instituto de Planeación Democrática.

Benlliure no perdió oportunidad para decirle a los diputados que en la Constitución capitalina se contempla la participación de sectores como colegios de profesionistas y cámaras empresariales en la conformación del comité de selección que designará a los funcionarios de ese instituto, lo que no es cierto. La Carta Magna local no hace esa precisión.

También reveló a los diputados que una vez aprobada la Ley de Planeación, el gobierno de Sheinbaum enviará de inmediato al Congreso la iniciativa de la Ley Orgánica del Instituto y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Dijo que a más tardar en mayo de 2020 la mandataria remitirá la propuesta del Programa General de Desarrollo Urbano, para que entre en vigor a más tardar y por ley en octubre de 2020.

En ese estira y afloja a ver cuánto le regatean los diputados a la jefa de gobierno.

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