Por Alberto Cuenca
En la entrega de la semana pasada me refería al conveniente olvido de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) para destituir al polémico delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, una omisión que hoy le facilita ser candidato a diputado local.
Recordemos que Salgado fue señalado hace un año por sus supuestos vínculos con el líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, algo que sirvió para que los legisladores locales del PAN, PRD y aliados políticos hicieran una alharaca de Dios Padre. Pasado el sismo del 19S todo aquello quedó en el olvido, así que las antorchas, sogas y los trinches se guardaron para mejor ocasión.
La destitución de Salgado no fue el único proceso de remoción de un jefe delegacional que la ALDF dejó para después o quizás para nunca, lo que demuestra cómo los políticos usan la ley para intentar doblegar al adversario o de plano para pactar. Aquí bien cabría decir “entre políticos podremos destrozarnos, pero nunca nos haremos daño”.
Ahí también está como testimonio la omisión de la ALDF para remover de su cargo al jefe delegacional en Xochimilco, Avelino Méndez Rangel, a pesar de que se debía cumplir una sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
El 16 de agosto de 2017, el TECDMX ordenó a la ALDF que iniciara el proceso de remoción, pues Avelino Méndez fue omiso para emitir la convocatoria de elección de los coordinadores territoriales de los pueblos de Santa María Tepepan, Santa Cruz Xochitepec, Santiago Tepalcatlalpan, San Gregorio Atlapulco, San Mateo Xalpa, Santa Cecilia Tepepetlalpa y Santa María Nativitas, conforme a los lineamientos de esa autoridad electoral desde octubre de 2016.
Después de aquella sentencia, algunos reporteros platicábamos con el diputado Armando López Velarde Campa, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la ALDF y encargado de elaborar el proyecto de dictamen para la destitución de Avelino.
El legislador del Movimiento Ciudadano nos decía que era obligatorio para los asambleístas cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral capitalino, porque de lo contrario él y otros diputados podrían ser destituidos por incurrir en desacato. Aun así nada pasó y Avelino sigue como jefe delegacional.
Una de las solicitudes de remoción que se acumuló en el escritorio de Armando López fue presentada por los diputados del PRD, en contra de la entonces delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum. Los perredistas la acusaban de violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al cobrar como investigadora de la UNAM y como titular de aquella demarcación, pero nada ocurrió.
Armando López decía que también había recibido de un Tribunal Colegiado una solicitud de destitución del entonces delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, pues el funcionario había incumplido una sentencia para el pago de un laudo laboral por 1.5 millones de pesos. Al final, el asunto se resolvió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de Monreal.
Otra cosa que nunca se resolvió fue una demanda de desafuero de Iván Texta, legislador del PRD contra el asambleísta Felipe de la Cruz, de Morena, por presuntas amenazas. Nada ha ocurrido.
Podría parecer que el responsable de que nada se haya hecho es López Campa, pero él no es el único integrante de la Comisión Jurisdiccional, que archivó todos los expedientes de algo que tenía tufo de revancha. Ahí estaban también el priista Israel Betanzos, el panista José Manuel Delgadillo, los perredistas Mauricio Toledo y Nora Arias, y el neo morenista Alfonso Candelaria.
Por más que los políticos dicen odiarse, a la hora de la verdad sólo se hacen muecas y se enseñan las uñas. Así, cuando despotrican unos contra otros, resulta demasiado difícil creerles.
