Alberto Cuenca
Muy lejos parece haber quedado aquel cálculo que hizo Alejandro Encinas entre julio y agosto del año pasado, cuando en su calidad de diputado local electo dijo que el Congreso de la Ciudad estaba obligado a aprobar en promedio una ley cada semana, para que al término de los tres años de esta legislatura se pudieran tener todas las leyes secundarias de la Constitución capitalina.
Por aquel entonces Encinas se perfilaba para convertirse en el coordinador de la bancada de Morena y en el líder del primer Congreso local.
Era obvio el salto, porque antes ya había sido presidente de la Asamblea Constituyente que en cuatro meses y medio logró aprobar la Carta Magna de la capital del país.
Pero Andrés Manuel López Obrador mandó llamar a su leal colaborador para convertirlo en subsecretario de Gobernación, y entonces los enanos en la bancada morenista se quedaron huérfanos de ese líder nato que tenía clara la tarea y proyección del Legislativo local.
¿Qué han hecho los diputados locales para avanzar en esa tarea de aprobar una ley secundaria cada semana? Han ido en reversa, pues tomaron la salida fácil de reformar los artículos transitorios de la misma Constitución local para posponer todos los plazos a los que la Carta Magna les obliga.
Para los diputados de este primer Congreso controlado por la mayoría de Morena no han sido suficientes los siete meses de este primer año legislativo para cumplir de forma decente con lo que la Constitución les manda, y así ya pospusieron la entrada en vigor de la Ley de la Fiscalía General, la creación del Consejo Judicial Ciudadano y la Ley de Educación capitalina.
La última puntada de estos legisladores fue aplazar la entrada en vigor de los programas de Gobierno y de las alcaldías, el General de Desarrollo Urbano, el de Ordenamiento Territorial, la aprobación de la Ley de Planeación y la creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
El Programa de Gobierno ya no entrará en vigor el 1 de abril de 2020, sino en enero de 2021; el Programa de Ordenamiento Territorial y el de las alcaldías se posponen del 1 de enero al 1 de octubre de 2021.
Mientras, la creación del Instituto de Planeación se pospone, del 1 de julio al 5 de diciembre de 2019.
El dato más oscuro de todos es que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ha estado de acuerdo con esa salida fácil que tomaron los diputados, a pesar de que antes había anunciado que su administración preparaba una iniciativa de Ley de Planeación, la cual supuestamente enviaría al Congreso de la Ciudad para finales de marzo, lo que no ocurrió.
La mandataria también había señalado que era interés de su administración crear lo más pronto posible el Instituto de Planeación, para que el nuevo organismo pudiera participar y promover mecanismos de consulta orientados a generar la propuesta del nuevo Programa General de Desarrollo Urbano y del nuevo Programa de Ordenamiento Territorial.
Pero a inicios de abril, cuando los diputados decidieron posponer los plazos arriba señalados, la mandataria cambió el discurso.
“Entendemos que el constituyente quería que las cosas se hicieran muy rápido, pero algunas cosas hay que hacerlas bien y no por hacerlas en 15 días van a resolverse los problemas. Nos parece bien que estuvimos trabajando con ellos (los diputados) para que en muchos temas se pudiera aplazar su decisión”, dijo Sheinbaum.
La redacción original de artículo décimo transitorio establecía que al 30 de abril de 2019 debía entrar en vigor la Ley de Planeación.
Un dato por demás curioso es que todo este proceso se enrareció cuando el pasado 20 de marzo, los poderosos integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) anunciaron su interés de participar en la redacción de esa Ley de Planeación y hasta le hicieron saber a Sheinbaum que tenían su propia propuesta de ley. ¿Será que apretar la cuña sirvió?
