Jaime Calderón
La izquierda gobierna la Ciudad de México desde 1997, a partir del triunfo en las urnas del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la primera elección democrática de un gobernante para la capital. Antiguamente, el Presidente de la República designaba en forma directa al jefe del Departamento del Distrito Federal, por increíble que parezca, un resabio de la República centralista de las Constituciones de 1836 y 1843 a finales del siglo XX.
Por la jefatura de gobierno han pasado miembros del actual Gobierno Federal, entre ellos el propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón y el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez. Por otro lado, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado es Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Estos gobiernos han tenido errores y aciertos. Entre los desaciertos que han cometido y aún cometen, el más grave, en mi opinión, es el del fortalecimiento de la estructura clientelar. Este aparato cupular fue creado por el Partido Revolucionario Institucional; absorbido y perfeccionado por el Partido de la Revolución Democrática, y ahora mismo usufructuado y potencializado por Morena. El manejo patrimonialista del poder, además de volver la ciudad irrespirable por la imposición de los grupos de interés que viven de ella, ha reducido la presencia de los partidos de oposición hasta transformarlos en meramente testimoniales. No es saludable, en atención a la diversidad de la Ciudad de México, que una sola ideología arrase con más del 50% de los votos en cada una de las elecciones. Esto revela que hay mecanismos subterráneos que impiden una participación medianamente equitativa.
Otro gran error es la utilización de los recursos públicos. En general los gobiernos capitalinos del PRD y el actual de Morena han adoptado políticas asistencialistas. Claudia Sheinbaum en su afán de complacer al Presidente, se ha comportado como si la Ciudad de México fuera un lugar de pobreza extrema, y no —como en realidad lo es— uno de los más ricos del país. La red de subsidios y apoyos directos a grupos vulnerables asegura su fidelidad política, pero obliga al descuido de las verdaderas necesidades urgentes de la capital. Áreas como la del sistema hidráulico, la de la eficiencia de las vialidades, la seguridad, y la infraestructura para el transporte público se ven relegadas por las políticas populistas de nuestros gobernantes. No es de extrañar entonces que suframos contingencias ambientales, un sistema de transporte público absolutamente rebasado, el drama estacional de la temporada de lluvias, y la inseguridad, que particularmente este año ha alcanzado cifras alarmantes. Todo ello se desprende de no tratar a la Ciudad de México como lo que realmente es, una de las urbes más importantes y pujantes de Latinoamérica.
En la parte alta de la lista de aciertos se encuentra a no dudarlo su agenda de inclusión, en la que sus decisiones casi siempre han sido irreprochables. Hace exactamente una década la Ciudad de México, superando muchas reticencias e ideas preconcebidas, fue la primera entidad en legislar respecto de los matrimonios entre personas del mismo sexo; hoy en día más de 10,000 matrimonios igualitarios se han celebrado en la capital. Más aún, la impronta de nuestra ciudad ha impactado también en las autoridades federales. La resolución de jurisprudencia 43/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 12 de junio de 2015 obliga a todos los jueces a seguir un criterio favorable en los amparos que se interpongan en cualquier parte del país, donde aún no estén legalizados estos actos jurídicos.
En el año 2015, el órgano legislativo del entonces Distrito Federal modificó el Código Civil local para que cualquier persona que deseara a cambiar su nombre o identidad sexual, lo que se conoce como reasignación sexogenérica, pudiera hacerlo en forma sencilla por la vía administrativa, no mediante un juicio largo y costoso. Esta posibilidad existía desde 2008, pero requería forzosamente de una resolución judicial; hoy el trámite se realiza en unas cuantas horas, en cualquier oficina del Registro Civil, y tiene un costo módico, que solventa únicamente la expedición del acta de nacimiento actualizada.
La Constitución de la Ciudad de México del 5 de febrero de 2017 tutela en forma explícita los derechos de las personas LGBTTI en su artículo 11, letra H, reconociendo y protegiendo sus derechos para tener una vida libre de violencia y discriminación. Asimismo, reconoce la igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas de esa comunidad, con o sin hijos, que estén bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil. Finalmente, ordena que las autoridades establezcan políticas públicas y adopten las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.
El sábado 29 de junio tuvo lugar la edición 41 de la marcha del orgullo LGBTTI, mezcla de reivindicación, pero también ya de oportunismo comercial. El número —no podía ser de otra manera— evoca un suceso del porfiriato que nos permite comparar favorablemente la situación actual de este colectivo. Se conoce como el baile de los 41a una redada policial que tuvo lugar el 18 de noviembre de 1901 en la colonia Tabacalera; un baile exclusivamente de hombres, aunque la mitad de ellos vestidos de mujer. Fue un escándalo en los periódicos de la época porque los detenidos pertenecían a la clase alta de la sociedad, incluyendo a Ignacio de la Torre y Mier, yerno del entonces presidente.
En el año 2019 ya no hay redadas como las del 41, la Ciudad de México es reconocida internacionalmente como gay friendly; sin prisa, pero sin pausa, hemos ido construyendo una comunidad que ensancha los derechos de las personas de la comunidad LGBTTI para convertirlos en un tema cotidiano. Lo más importante, sin duda, es que hemos contribuido a generar una cultura de inclusión, en donde la orientación sexual de las personas se aprecia como algo natural y personalísimo. La lucha por los derechos humanos es progresiva, por lo tanto, queda mucho camino por recorrer; no obstante, los pasos que se han dado son significativos… y es justo reconocerlo.
