Alejandro Zúñiga
Las últimas declaraciones públicas del Presidente electo, An- drés Manuel López Obrador, y sus colaboradores sobre dónde edificar el nuevo aeropuerto, denotan que la decisión está tomada y que su anunciada “consulta popular” es una pantomima para “taparle el ojo al macho”.
Su último vídeo sobre el tema, difundido en redes sociales, delata a AMLO al ponderar un estudio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), donde, según dice, es compatible la operación del actual AICM con el de la Base Militar área de Santa Lucía.
El mensaje es: pueden operar simultáneamente los dos aeropuertos sin interferencia del espacio aéreo, aunque otro estudio advierta que es de alto riesgo, porque sólo los separan 36 km de distancia.
Tres días después de lo dicho por AMLO, lo respaldó su futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, al señalar: “no existen impedimentos técnicos para su operación simultánea”.
En el vídeo, AMLO también denunció que el Fideicomiso para la Construcción del Aeropuerto de Texcoco solicitó 88 mmdp del presupuesto 2018, para la continuación de las obras, pese a que se le había dicho que el proyecto era autofinanciable, por lo que planteó que eso no era posible. Ante esto, deslizó la posibilidad de que el empresario Carlos Slim financiera lo que falta de la opción Texcoco, pero sólo si el proyecto es favorecido en la consulta que levantará entre el 25 y 28 de octubre en 578 municipios del país.
Aunque AMLO insiste en que es imparcial y no está a favor de ninguna de las dos opciones, sus declaraciones y las de sus empleados los evidencian.
El propio Javier Jiménez Espriú anunció la semana pasada una inversión de 5 mmdp, independientemente de la decisión de la consulta, para rehabilitar el AICM y ampliar el Aeropuerto de Toluca, acciones complementarias en la opción de la Base Santa Lucía. Al decir que no está dispuesto a erogar ni un peso del presupuesto federal para continuar con la opción Texcoco, y avalar la seguridad aérea simultánea en la Base Militar y el AICM, AMLO y su séquito inclinan la balanza por Santa Lucía.
Pero delinea un plan B, por si ocurre un imprevisto en su consulta “democrática”, y gana la continuidad del aeropuerto en Texcoco, que sólo seguiría si es financiada por algún empresario.
En los hechos, la consulta popular, organizada supuestamente para que la gente decida dónde debe hacerse el aeropuerto, no es más que una justificación para deslindarse de tomar una decisión que, todo mundo sabe, debería fundamentarse en criterios estrictamente técnicos y científicos, no en percepciones desinformadas.
Más allá de los intereses económicos del gobierno que sale y del que está por entrar, pero no quiere asumir decisiones comprometedoras, lo que debería discutirse de un nuevo aeropuerto es que garantice las mejores condiciones de seguridad para la población y los usuarios.
Es determinante, también que el lugar ofrezca posibilidad de ampliarlo en un futuro intermedio, a fin de que no se convierta en una obra obsoleta en el corto plazo.
Que sea, además, un proyecto con visión de megalópolis, que contemple la planeación del desarrollo local, regional y de las entidades circundantes, con soluciones de movilidad, servicios, y que considere los impactos y mitiga- ciones de carácter urbano, ambiental y poblacional.
La disyuntiva de la consulta aeroportuaria, de fondo, encierra más intereses económicos y políticos que una preocupación por dotar a la capital de un aeropuerto de primer mundo. Veremos a quién le afecta más el resultado.
