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Investigación

La indignante corrupción

La propia Cofece señala que la utilización del sistema de adjudicación directa es el más proclive a la corrupción y no garantiza al Estado compras en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad.

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Por Alejandro Zúñiga

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer un informe, la semana pasada, que desnuda los altísimos niveles de corrupción y discrecionalidad que se manejan hoy en México, en el ámbito de las contrataciones públicas.

Reporta que, tan solo en 2017, se adjudicaron más de 228 mil contratos públicos con un valor superior a los 585 mil millones de pesos; lo grave es que de ese total, el 78 por ciento se asignaron de manera directa al mejor postor. Esto quiere decir que ocho de cada 10 contratos otorgados por el gobierno fueron asignados mediante adjudicación directa, sin un concurso o licitación pública de por medio.

La propia Cofece señala que la utilización del sistema de adjudicación directa es el más proclive a la corrupción y no garantiza al Estado compras en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad.

Otro dato más indignante y revelador es que el 1.9 por ciento de los proveedores registrados obtuvo el 80 por ciento de las compras totales del gobierno federal, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Esto significa que, sin importar el servicio o el bien a contratar, la mayoría de los contratos públicos han beneficiado a familiares, parientes, amigos, vecinos, recomendados o se concedieron a proveedores que ofrecieron la mochada más jugosa.

Del 22 por ciento restante, 10 por ciento fueron asignados mediante el sistema de invitación restringida, esto es mediante el concurso de tres postores y, finalmente, solo el 12 por ciento de los contratos se asignó a través de una licitación pública.

La gran cantidad de recursos públicos involucrados cada año en las contrataciones del gobierno federal, constituye un aliciente para que el diseño de las licitaciones o los mecanismos de adquisición sean manchados por la corrupción, sin importar la calidad del bien y el servicio por adquirir.

Hay, por desgracia, infinidad de formas de burlar las leyes y entregar los contratos públicos a quien se les antoje. Es una práctica tan común y generalizada, que las empresas invierten ahora más en relaciones públicas para ganar contratos, que en infraestructura o tecnología para hacer más competitivas sus plantas productivas.

Veremos si con el “Plan de Austeridad 50”, anunciado por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se logra poner freno a estas tropelías que han desatado la corrupción gubernamental a niveles jamás vistos en la asignación de contratos públicos.

La estrategia delineada contempla reformas esenciales a la ley, como considerar delitos graves el tráfico de influencias, corrupción, asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, y el robo de combustible.

Otro anuncio, aunque no se ha explicado con detalle, es que las compras del gobierno se harán de manera consolidada, bajo la “observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

Todas las medidas que sean necesarias para empezar a frenar la corrupción serán bienvenidas por la mayoría de los mexicanos, pero es indispensable poner el ejemplo y mostrar congruencia para generar credibilidad. Lo digo porque al dar a conocer esos 50 planteamientos de austeridad que aplicará su gobierno, a partir del 1 de diciembre, AMLO también anunció la cancelación de todos los fideicomisos públicos.

“Serán cancelados los fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”, prometió AMLO. Veremos si también se refería al fideicomiso “Por los demás”, creado por su partido, Morena, “para ayudar a los damnificados” por los sismos de septiembre pasado y que acaba de recibir una multa, por presuntos malos manejos, del Instituto Nacional Electoral (INE) por 197 mdp, una de las más altas que se recuerden.

Por lo pronto, la reacción de AMLO de calificar como “vil venganza” la decisión del consejo general del INE, no corresponde con la investidura de un futuro mandatario que se precie de respetar la ley y las instituciones, sobre todo si se documentan anomalías.

Los mexicanos estamos hartos de discursos, promesas incumplidas y contradicciones de los políticos; veremos pronto si en este caso del fideicomiso “Por los demás” tendremos otro sexenio de mentiras, afrentas, agravios e infamias, todo eso que hizo votar a la mayoría ¿por el cambio?

Lo nuestro es la #política en la #CDMX; si en verdad te late la grilla chilanga en las redes, visita nuestra página: https://elinfluyente.mx

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