Lorena Osornio
La impartición de justicia en nuestro país debe estar bajo la lupa en estos tiempos, debe ser un tema de interés para los ciudadanos, pues es el único poder de la unión que se mantiene independiente al Presidente Andrés Manuel López obrador. Por ello debe ser objeto del escrutinio público respecto a su imparcialidad.
Un hecho que sentará un precedente al respecto será la resolución que se tome por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien está por finalizar el análisis y discusión del proyecto de resolución respecto a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, proyecto que propone declarar la invalidez del Decreto por el que fue expedida la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esto, tras atender acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH y senadores integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso, quienes por supuesto desean seguir ganando millones a costa e nuestro dinero.
Sobre este asunto, como era de esperarse, los ministros afines al presidente se pronunciaron anticipadamente en contra de desechar la Ley del presidente, o sea, buscan que entre en vigor. Para que la ley sea declarada inválida es necesario que 8 de los 11 ministros voten a favor del proyecto que declara inválida la Ley. Lo relevante de este caso es que se resuelva conforme a derecho y si es necesario hacer otra ley para bajar los sueldos que así sea, lo erróneo sería omitir la legalidad en aras de las buenas intensiones mal plasmadas en ordenamientos que no cumplen con los procedimientos legales.
En el ámbito local, estamos ante un escenario igual importante respecto a la impartición de justicia. En los últimos días ha llamado la atención el proceso de captura de Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen, quien al fin afrontará la justicia luego de que se le impute el homicidio de 19 menores y 7 adultos, tras el derrumbe de su excolegio el día 19 de septiembre de 2017. Hecho trágico que pudo evitarse si las autoridades hubieran actuado con responsabilidad y con el mismo afán que con la captura de dicha persona, la cual por cierto se da bajo hechos que llaman la atención.
El primero de ellos es la cuantiosa recompensa de 5 millones de pesos ofrecida por la Procuradora Ernestina Godoy, en un contexto de “austeridad republicana” y ante una grave crisis de seguridad pública y movilidad, donde dichos recursos pudieron invertirse en otras prioridades como capacitación y equipamiento al personal del metro para que no cometan aberraciones como la de la estación Tacubaya, a combatir el robo a casa habitación, los feminicidios o la extorción a comercios; o por qué no destinarlos para acelerar la reconstrucción y reparación del daño a los cientos de damnificados que siguen requiriendo del gobierno para recuperar su nivel de vida.
El otro hecho es la contradicción en las versiones sobre su aprehensión. Esto ya que las autoridades afirman que fue una aprehensión realizada a partir de una denuncia anónima, la cual por supuesto amerita el reclamo de la millonaria recompensa; mientras que las personas cercanas a la imputada afirman que ella fue quien se entregó. Entrega que además dicen, estuvo pactada. Entonces, solo nos queda deducir que alguna de las dos versiones es mentira.
Dejando de lado las especulaciones, lo cierto es que la autoridad debe estar más nerviosa que la propia imputada, pues al ser un caso que se ha vuelto mediático y sin duda se politizó, tanto los padres y familiares de las víctimas (principales interesados), los medios de comunicación, y los ciudadanos en general estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla este asunto, pues está a prueba la imparcialidad y profesionalismo de los encargados de aplicar la ley, ante los intereses de la actual Jefa de gobierno, que en su momento fue vinculada con la tragedia y busca revertir la percepción negativa que dejó en su imagen pública está lamentable tragedia.
Será muy interesante observar el sentido de las resoluciones que emitan los poderes judiciales a nivel local y federal, pues ambos son temas que pueden beneficiar o afectar la imagen pública del presidente (al hacerle ver que la legalidad está por encima de su voluntad) y de la jefa de gobierno (quien busca la redención respecto a la tragedia del Rébsamen).
