Jorge Alberto Lara
Una de las características de todo gobierno es la visión filosófica, ideológica o doctrinaria en las que se basa para la realización de sus políticas públicas. Dentro de ellas destaca su visión del estado de derecho, que se desdobla en temas constitucionales, de seguridad y justicia, de derecho económico, legislación sobre temas sociales como educación, cultura, entre otros.
Uno de los aspectos más importantes de la visión de la ley que tenga el gobernante es el relativo a su respeto a la seguridad jurídica, es decir el acatamiento de las reglas preestablecidas para la convivencia social.
Así, es posible identificar los aspectos más relevantes en materia jurídica de los últimos gobiernos. En el caso de la presidencia de Vicente Fox, se destaca el avance en materia del derecho a la transparencia, que entonces parecía una simple moda pero que se ha consolidado como uno de los factores más relevantes para la vigilancia ciudadana sobre las autoridades.
Por lo que toca al sexenio de Felipe Calderón, en su legado jurídico se encuentra la reforma de derechos humanos que le cambió la esencia a todo el sistema jurídico nacional, dando centralidad al principio pro persona y por la enmienda al sistema penal acusatorio, que previa una implementación robusta que aún está pendiente, se convertirá en un baluarte contra la impunidad en el país.
Por lo que toca a la administración de Enrique Peña Nieto, fueron centrales las reformas de lo que entonces se llamó el Pacto por México, muchas de las cuales están naufragando en este sexenio. En algunos aspectos, dichas reformas venían preñadas con intencionalidades particulares. La reforma de fiscalía general, por ejemplo, contenía el huevo de la serpiente del pase automático del procurador a fiscal, que significó en los hechos la postergación de la creación de dicha entidad por más de cuatro años, con la consiguiente relentización de la maduración del sistema de procuración de justicia.
La denominada 4T ha ido perfilando, en los pasados meses de transición y de gobierno, su pensamiento constitucional. Así, ha resaltado su interés en la limitación de derechos fundamentales significada en el cambio del artículo 19. Otro ejemplo de lo anterior fue la reforma en materia de Guardia Nacional que pretendió militarizar de manera permanente todas las tareas en materias de seguridad pública y cuyo contenido más relevante para estos efectos ha sido, gracias a la presión de la oposición, especialmente el PAN, la introducción de las condicionantes para el despliegue de las Fuerzas Armadas en estas asignaturas y la creación un cuerpo policial civil denominado Guardia Nacional que habrá de integrar elementos castrenses bajo los esquemas de comisión y licencia.
En materia social destaca la priorización que se ha dado a los intereses gremiales de un sector del magisterio sobre las necesidades de los alumnos y sus familias.
En materia económica se han presentado amagos graves en contra de la confianza de los inversionistas como ocurrió con la cancelación del aeropuerto, las expresiones expropiatorias de miembros del gabinete, inopinadas propuestas de reformas en temas de financieros y la impericia en la conducción de Petróleos Mexicanos. Todo lo anterior ha sido correspondiente a su visión colectivista del derecho, por virtud de la cual el régimen se arroga el permiso de desacatar las normas preestablecidas, sin mayor consecuencia.
Uno de los aspectos de mayor relevancia para que el país continúe creciendo tiene que ver con la defensa del principio de seguridad jurídica. Lo anterior supone el remontar las tendencias que pretenden ideologizar el derecho y trastocar los aspectos sustantivos del consenso nacional que en las elecciones de julio pasado se pronunció a favor del combate a la corrupción y la inseguridad, no así por desandar el terreno que el orden democrático ha conquistado en materia de orden económico, solidez y certidumbre.
