Fernando Díaz Naranjo
Un aspecto fundamental de toda planeación estratégica lo constituye la elaboración de metas e indicadores que permitan evaluar la eficiencia de un sistema gubernamental, administrativo, legislativo, etc. Para medir la eficiencia democrática existen justamente varios indicadores, que pueden ser el nivel en que se ubica el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana en elecciones, la atención que la administración pública da a las demandas de la población, la rendición de cuentas, la forma en que opera la trasparencia y los mecanismos anticorrupción implementados, entre otros tantos rubros.
En esta ocasión quiero referirme a un aspecto que es pilar para nuestra democracia: la libertad con que deben actuar los medios de comunicación en el desarrollo de su ejercicio profesional.
Uno de los principales indicadores de eficiencia democrática lo enmarca la libertad de actuar de un medio para difundir un asunto de interés público, lo que permite generar en la población un juicio o un criterio.
Bajo este contexto, uno de los aspectos relacionados con nuestro sistema democrático tiene que ver con el quehacer de los actores políticos, de donde resalta el trabajo legislativo. En este sentido, los representantes del “pueblo” tienen la obligación de dar a conocer pormenores sobre su ejercicio parlamentario y, como generalmente no lo hacen o lo realizan cada año, es por conducto de los medios que nos informamos sobre iniciativas presentadas, temas analizados, leyes aprobadas y puntos de acuerdo registrados, entre otros.
Por ello, el proceso deliberativo que cualquier órgano parlamentario lleva a cabo es un asunto de gran interés público, ya que son discutidos temas relacionados con impuestos, con políticas públicas que puedan beneficiar a la población o con leyes que enmarquen de mejor manera nuestra actualidad social.
Consecuentemente, resulta por demás preocupante que en días pasados diversos medios de comunicación dieran cuenta de que Morena, bajo el argumento de contar con un orden en el Congreso de la Ciudad de México, buscó aparentemente “controlar” el acceso de los medios a ese recinto legislativo.
La noticia resulta todavía más preocupante cuando algunos legisladores de otras fuerzas políticas argumentaron no estar enterados de dicha medida, además de que manifestaron su malestar.
Esta situación llevó a que integrantes del grupo parlamentario de Morena indicaran que podría haber existido un mal entendido y que para los profesionales de la comunicación no habría restricciones. Sin embargo, sí se dijo que habría algunos controles para otro tipo de personal que ingresara al recinto. Esta explicación al final de cuentas a nadie convenció, por supuesto menos a los medios de comunicación.
En todo caso, las fuerzas políticas representadas en el recién estrenado Congreso de la CDMX deberán considerar que el recinto donde se debate el futuro de esta ciudad capital es una plaza pública hecha para los mexicanos y que quienes la habitan de manera temporal son justamente representantes de la ciudadanía en general y no sólo de quienes votaron por tal o cual fuerza política.
Si algún día existiese la intención de dar un acceso restringido al Congreso de la CDMX, esta medida, sin lugar a dudas, estaría atentando contra un derecho fundamental que no sólo está consagrado en nuestra Constitución Política, sino en diversos ordenamientos jurídicos, así como en convenios internacionales de los que nuestro país forma parte.
*Analista especializado en temas político electorales de la CDMX.
