“Podré no estar de acuerdo con lo que dices,
pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.
Voltaire
Jaime Calderón
Como todos sabemos el domingo pasado se llevaron a cabo en varias ciudades de la República Mexicana diversas manifestaciones cuyo objeto era protestar en silencio contra el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El título de esta marcha me hizo recordar la del 13 de septiembre de 1968, sin embargo es muy distinto el contexto. En aquella se estiman entre 300 y 400 mil estudiantes y profesores que marcharon en absoluto silencio, con la boca cubierta, del Museo Nacional de Antropología al Zócalo. El Presidente era Gustavo Díaz Ordaz.
En la de este domingo en la Ciudad de México la ruta fue del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución y no se logró el silencio ya que los manifestantes marcharon gritando y lanzando consignas contra el gobierno de López Obrador.
Polarizados como estamos los mexicanos y según las simpatías se ofrecen declaraciones, datos y cifras sobre la marcha, unos priorizan una gran asistencia, que no hubo acarreados ni daños materiales, otros ridiculizan el número de asistentes así como lo prematuro en pedir la renuncia del presidente a menos de un semestre de gestión.
Deplorable actuar de Javier Jiménez Espriú, quien en su cuenta oficial de twitter se burló de la asistencia a la misma, caso contrario al Presidente López Obrador que atinadamente reconoció lo valioso para la democracia de la marcha del domingo.
Independientemente de estas posiciones que se refieren a situaciones de índole político, antes hay libertades que todos deberíamos proteger y que obliga a una reflexión más profunda y a ponderaciones y consideraciones distintas y que en mi opinión debemos valorar con independencia de las ideologías o partidos.
El Derecho a manifestarse públicamente comprende dos libertades; la de Expresión y la de Reunión.
La Libertad de Expresión la ubicamos en el artículo 6o. Constitucional, que ordena “-la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado…”.
El Derecho de Reunión está contemplado en el Artículo 9o que dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.”
“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.
Por tanto en el Derecho a manifestarse públicamente se conjunta el que un grupo de personas reunidas, sea el número que sea, expresa públicamente su desacuerdo contra el actuar de las autoridades y esto implica que su finalidad no sea únicamente el protestar contra la autoridad sino que además sirva para que la sociedad se entere de sus causas y razones.
El Artículo 40 establece que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
Asimismo el artículo 3 de nuestra Carta Magna establece que uno de los criterios que orientan la educación es que será democrática “…considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo…”.
Por tanto las manifestaciones públicas son un ejercicio democrático en las que expresamos nuestro descontento o apoyo a una determinada causa.
El que podamos efectuar manifestaciones públicas es una consecuencia, con sus defectos claro está, de que estamos en un país libre, por eso insisto en que debemos valorar este derecho independientemente de que estemos a favor de determinada causa. Es muy importante discutir las causas de una manifestación pero es imperativo resguardar esta libertad sin menospreciar si a la misma fueron muchos o pocos. Es tanto un derecho de las mayorías como de las minorías.
Es preciso aclarar que este derecho como cualquier otro, no es absoluto, debe tener limitaciones.
Ha sido constante que las manifestaciones se convierten en auténticos bloqueos a las vías de comunicación o entorpecen nuestra vida diaria, especialmente en la Ciudad de México.
Recordemos en 2006, el plantón que el propio Andrés Manuel López Obrador ordenó instalar sobre Paseo de la Reforma y que duró más de 40 días y que según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) arrojo pérdidas por 7 mil 796 millones de pesos, ya que los negocios que estaban en la zona vieron afectadas sus ventas hasta en un 60 por ciento y que implicó que poco menos de 4,000 personas perdieran sus trabajos.
Otro plantón más para recordar fue el que realizaron en 2015 los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) igualmente sobre Paseo de la Reforma y que se estima que dejó pérdidas de entre 3 y 10 millones de pesos diarios.
Recientemente se dio la toma de la caseta de peaje que va de la Ciudad de México a Cuernavaca, Morelos por miembros del Sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana.
En la Ciudad de México se dan en promedio de nueve a diez manifestaciones al día.
En la mayoría de los casos, las autoridades federales y locales han brillado por su ausencia y faltado a su obligación de preservar el orden y el respeto a los Derechos Humanos de los demás.
Es obvio que ni la Constitución u ordenamiento internacional alguno reconocen que en el ejercicio de la libertad de manifestarse públicamente se pueda afectar los derechos a la libertad de tránsito, del trabajo o salud de los demás.
En este sentido es preciso que las autoridades hagan su trabajo y eviten el secuestro de las vialidades y el tránsito.
A nosotros nos toca antes que defender ideologías o colores políticos, resguardar el valor de las libertades más preciadas del ser humano, en ello apostamos nuestra dignidad como seres humanos y las de las futuras generaciones. Ordenemos nuestras prioridades.
