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LA POLIS / La agenda del Congreso de la Ciudad

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Por Eduardo Santillán

La entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México implica uno de los mayores retos legislativos del país, se trata de darle cuerpo a todas las disposiciones constitucionales, conformar un nuevos sistema jurídico y establecer un nuevo régimen político en la Ciudad.

Sin lugar a dudas es la constitución de la Ciudad, el más amplio catálogo de derechos y libertades que existe en el país, con una visión transversal de tal suerte que deberán darse una serie de debates sobre temas fundamentales, en primer lugar ha quedado claro que la Ciudad puede establecer una serie de derechos adicionales a los contemplados en la Constitución General; y en éste sentido temas como la autorización del uso médico de la Marihuana, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una muerte digna, el agua como derecho humano, los derechos de los migrantes en la ciudad, el derecho mismo a la ciudad concebida como un espacio plural, incluyente, donde se garantice una adecuada calidad de vida con movilidad, seguridad, espacio público de calidad y con resiliencia, es decir la capacidad de enfrentar los fenómenos naturales. Si la constitución es el proyecto de ciudad que nos hemos dado, la función del primero Congreso de la Ciudad en establecer el cómo, el cuándo y el cuánto de ese proyecto; es decir hacer realidad las disposiciones constitucionales, darle vida a la constitución, no más, no menos.

Cambiar la forma de gobernar, la parte orgánica de la constitución es igual que la dogmática un enorme reto legal, se modifica sustancialmente la forma de hacer gobierno en la Ciudad, partiendo del derecho ciudadano de una administración pública de calidad, de entrada desaparece la figura del fuero, es decir ningún funcionario de la ciudad tendrá ningún tipo de protección institucional, se establece la figura de la revocación del mandato; el congreso deberá tener una nueva organización interna, el poder ejecutivo se modifica también de manera importante y la administración pública de la ciudad requiere un nuevo diseño; el poder judicial se modifica también de manera sustancia desde una nueva forma de designación de jueces y magistrados que implica mecanismo ciudadanos. La revisión de la ley orgánica del Congreso es prioritaria, ya que será el instrumento de trabajo de los diputados y no podemos tardar mucho.

La nueva figura de las alcaldías es uno de los temas prioritario y urgentes de atender, de entrada la naturaleza jurídica de las alcaldías debe ser objeto de un amplio debate, es desde mi punto de vista el gran tema pendiente de la constitución. Las alcaldías no pueden seguir en el nivel más bajo de administración pública, es decir organismos desconcentrados sin personalidad jurídica ni patrimonio propio, en lo particular me parece que deben ser por lo menos organismos públicos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propio; además debe establecerse un adecuado marco jurídico para el funcionamiento de los consejos delegacionales, a las alcaldías El términos generales no se les otorgaron más facultades y si se establecen mecanismos de consulta permanente con el consejo delegacional.

El sistema anticorrupción de la Ciudad será sin lugar a dudas otro de los temas prioritarios del Congreso, debe hacerse un nuevo rediseño para que cumpliendo con las disposiciones de la constitución general se logre un sistema más acorde a las necesidades de la ciudad, sobre todo que no represente la creación de una enorme burocracia y que sea un instrumento ágil, pero no solamente es establecer el marco normativo del fiscal anticorrupción, de la sala especializada o del nombramiento del contralor por parte del congreso; debemos entrar a fondo en el análisis del marco normativo en materia de construcciones, establecimientos mercantiles y adquisiciones, que son la principal causa de corrupción en la ciudad, otro debate fundamental será la definición del nuevo sistema de verificación y calificación administrativa de la Ciudad.

En materia de procuración e impartición de justicia el reto es mayúsculo, desde evaluar el impacto del nuevo sistema acusatorio, crear la sala constitucional de la Ciudad, implementar los nuevos mecanismos ciudadanos de selección de jueces y magistrados, crear el nuevo marco normativo de la fiscalía autónoma de la ciudad y nombrar al nuevo fiscal.

La planeación del desarrollo urbano es de alta prioridad en el congreso, desde la elaboración de un nuevo Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad, que no es otra cosa que el diseño de la ciudad para las próximas décadas, la definición de los nuevos criterios de desarrollo sustentable, la conservación de las áreas verdes, la recuperación del espacio público, la definición de una nueva política de vivienda que privilegie sobre todo la vivienda popular, que establezca los criterios de sustentabilidad, que dotemos de instrumentos jurídicos para aprovechar la energía solar, la cosecha de agua de lluvia, el reciclamiento de agua, la disminución de lo residuos, la separación y el reciclaje; además deberemos crear el instituto de planeación urbana como órgano autónomo y desaparecer el criterio político en las modificaciones del uso de suelo.

Por primera ocasión la Ciudad de México tendrá la facultad de legislar en materia de seguridad pública, una de las leyes prioritarias deberá ser la ley de seguridad ciudadana que dote al gobierno de instrumentos eficaces en la materia; las cámaras de vigilancia y la utilización de nuevas tecnologías debe ser la principal característica, además de los instrumentos de participación ciudadana en la materia.

El reto es enorme.

*Profesor de la UNAM y diputado electo al congreso de la Ciudad.

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