Por Nashieli Ramírez Hernández
“La tortura amenaza a los inocentes, porque en cualquier momento puede convertirlos en culpables mediante sus feroces tratamientos.”
Eduardo Galeano
La tortura tiene muchas formas, muchos fines, muchas caras. Están quienes la ejecutan y quienes la padecen y sufren. La tortura no solo es un delito y una grave violación a los derechos humanos, la tortura es un lastre que atenta contra la democracia, contra la certeza de las personas, contra la justicia, contra la verdad y, por supuesto, contra la paz y los derechos fundamentales.
La prohibición de la tortura es un pilar fundamental en el que se basa el andamiaje de protección de los derechos humanos, a grado tal que es considerada una norma imperativa de derecho internacional que no admite pacto en contrario; en otras palabras, nunca y por ninguna circunstancia está permitida la tortura.
Las obligaciones constitucionales, convencionales y legales aplicables a las autoridades de la Ciudad de México son amplias y bastas, y datan de hace varias décadas, entre ellas destaca la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 18, 20.A, y 22, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y laConvención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a destacar los casos de Inés Fernández, Rosendo Cantú, Teodoro Montiel y Rodolfo Cabrera y García Cruz Sánchez Silvestre. Más recientemente, todos los criterios garantistas emanados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la llegada de la décima época de la jurisprudencia mexicana.
No obstante lo anterior, México ha sido recomendado y sentenciado por diversos organismos internacionales de derechos humanos. Durante su visita a México en 2014 el Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, señaló que ésta es generalizada en México y que ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia y con fines de castigo e investigación.
Está altamente documentado que la tortura además de que es ética y legalmente inaceptable, no sirve para cumplir los propósitos de justicia que promueven los partidarios de esta práctica. Una persona que está siendo torturada es llevada hasta el límite de su resistencia y es capaz de decir o hacer cualquier cosa que le pidan. Así, en casos en los que una persona “confiesa” haber cometido un delito, las víctimas del mismo nunca tendrán la certeza de que esa persona es la responsable del mismo; es decir, a estas personas también se les violenta su derecho a la verdad y a la justicia.
Además, la severidad de la tortura se intensifica y agrava cuando se utiliza la violencia sexual como parte de los castigos y humillaciones que se inflingen en contra de las personas, en particular contra las que están privadas de libertad en centros de reclusión, porque se parte del supuesto que están a entera disposición de la autoridad.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha hecho diversos pronunciamientos con el propósito de erradicar este terrible flagelo. La primera Recomendación que en su historia emitió la CDHDF fue por tortura, y desde 1994 hasta este momento, es decir, un cuarto de siglo después, se han emitido más de 50 recomendaciones por este tipo de violación. Al día de hoy se tienen en trámite 430 quejas relacionadas por la violación a la integridad personal, muchas de ellas por posibles actos de tortura.
Es por lo anterior que se construyeron cinco instrumentos recomendatorios presentados ante la sociedad el pasado 16 de agosto, de los cuales cada uno resalta un patrón de actuación de las autoridades:
1. Recomendación 5/2018, coordinada por la Cuarta Visitaduría, por tortura e impunidad, violaciones a los derechos a la libertad, integridad, adecuada defensa, debido proceso y acceso a la justicia.
2. Recomendación 6/2018, coordinada por la Primera Visitaduría, por el uso de la tortura como método de investigación, ya sea para obtener información o declaración de autoinculpabilidad, hechos cometidos durante la detención y el traslado, así como en los centros de retención como son las agencias del Ministerio Público.
3. Recomendación 7/2018, coordinada por la Segunda Visitaduría por casos de tortura cometidos en contra de personas privadas de libertad con la finalidad de castigarlas, violación a los derechos a la integridad personal y debido proceso.
4. Recomendación 8/2018, coordinada por la Segunda Visitaduría por tortura sexual cometida en contra de hombres en centros de reclusión.
5. Recomendación 9/2018, coordinada de manera conjunta por la Primera, Segunda y Cuarta Visitaduría, está relacionada con el uso de violencia sexual como forma de tortura, por amenazas de violación en contra de mujeres.
Estas recomendaciones contienen puntos recomendatorios para 74 víctimas directas y 38 víctimas indirectas, a favor de las cuales la CDHDF pide que se reparen con la indemnización por daño material, inmaterial o al proyecto de vida, se brinde atención médica y psicológica para quienes lo requieran; se integren, determinen, o en su caso reaperturen averiguaciones previas por el delito de tortura contra las autoridades responsables; la creación de un Protocolo Único del Uso de la Fuerza para todo el personal de Seguridad Penitenciaria, entre otras.
La tortura debe desentrañarse para conocerla y comprenderla; con estas recomendaciones dirigidas a las autoridades, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal da un paso más en el proceso de encontrar las soluciones más eficaces para combatirla y erradicarla.
