Alberto Cuenca
Una tarea bastante compleja tiene la Comisión de Transparencia del Congreso capitalino, que encabeza el legislador Carlos Castillo, de Morena. Los diputados deben convocar a un nuevo proceso para designar en calidad de urgente a los cuatro comisionados que faltan del Instituto de Transparencia de la Ciudad.
El organismo se encuentra inoperante desde abril pasado, pues el Pleno no ha logrado integrarse ante la omisión de la ALDF para designar a los comisionados. Sólo Elsa Bibiana Peralta se mantiene como comisionada del organismo, pues su encargo vence en el 2020.
Una de las principales disyuntivas es qué hacer con los 75 candidatos registrados durante el proceso que abrió y no concluyó la Asamblea Legislativa.
Para algunos aspirantes de la convocatoria anterior al anuncio de Carlos Castillo, de Morena, de que abrirá un nuevo proceso de auscultación y selección vulnera principios de legalidad y equidad en detrimento de los anteriores candidatos. Para Carmen Nava, directora de la organización Visión Legislativa, quien es parte de los aspirantes del proceso anterior, los candidatos previos no tendrían que ser entrevistados de nuevo, y tampoco ser considerados 75 candidatos, sino 67, pues tendrían que quedar fuera ocho aspirantes femeninas que se incorporaron en una segunda convocatoria, la cual fue a todas luces ilegal.
(En enero de este año, la Comisión de Gobierno de la ALDF, presidida por Leonel Luna, ordenó ampliar 48 horas la recepción de postulaciones de aspirantes mujeres para garantizar la paridad de género en la InfoCDMX).
Ahora y antes de lanzar la nueva convocatoria, Carlos Castillo presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia, para armonizarla con la Constitución capitalina y establecer que el InfoCDMX se integre con cinco comisionados y no con siete, como lo pretendía hacer la ALDF.
Esa reforma implica ajustar una ley secundaria de un régimen estatutario a uno constitucional, lo cual impacta en un asunto que comentaremos adelante.
En la modificación a la ley se bajará el sueldo de los comisionados, pues su salario es similar al de un magistrado. Castillo propondrá que los integrantes del InfoCDMX ganen menos que la Jefa de Gobierno (80 mil pesos al mes).
En medio de todo lo anterior está un amparo interpuesto por Mexicanos contra la Corrupción, en el cual ya hubo una sentencia favorable hacia los promoventes. El juzgado séptimo de distrito en materia administrativa ordenó al legislativo local concluir el proceso de designación de los comisionados.
Sin siquiera consultar a los diputados, el subdirector de Amparos del Congreso local, Daniel Salazar Jáuregui, controvirtió la sentencia del amparo, argumentando que la resolución de la juez no es atendible, pues ya hubo un cambio de situación jurídica al desaparecer la ALDF y surgir el Congreso capitalino.
Justo lo anterior es lo que argumenta Carlos Castillo para decir que debe emitirse una nueva convocatoria y reformar la Ley de Transparencia, es decir se pasó de un régimen estatutario a uno constitucional.
Con todo y lo anterior, el diputado de Morena dice que incluirá a los aspirantes del proceso previo y pedirá al subdirector de Amparos desistirse de controvertir la sentencia del juzgado séptimo. Las cosas parecen enredarse. Como comenta Carmen Nava, los diputados deben cuidar mucho la legalidad, de lo contrario se arriesgan a una lluvia de amparos por parte de los aspirantes anteriores y hasta de la comisionada Peralta, a quien me imagino no le gustará nadita que le ajusten el salario mensual a los lineamientos que marca la austeridad republicana.
