Jorge Alberto Lara
El desastre del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de corrupción, violencia e impunidad tiene un importante correlato en materia de criminalidad financiera y delincuencia de cuello blanco. Diversas estimaciones coinciden en calcular que la cantidad de flujos ilícitos generados durante los últimos años ascienden a varias decenas, acaso cientos de miles de millones de dólares.
Como indicador del descuido y complicidad ante dichos fenómenos, basta mencionar un par de indicadores relativos a la cantidad de recursos incautados al crimen.
De las decenas de miles de millones de dólares en cuestión, el gobierno federal anterior solamente pudo obtener la extinción de dominio por bienes equivalentes a diecisiete millones de dólares y el abandono de recursos por veinte millones de dólares, cantidades que resultan insignificantes.
Esa administración fue notablemente ineficaz en la aplicación de las políticas e instrumentos para la prevención y combate al lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República fueron corresponsables de ese fracaso.
Lo anterior fue señalado en el denominado informe sobre México del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), máxima instancia de expertos antilavado.
Sobre el desempeño de nuestras autoridades, dijo el GAFI en 2018 que, si bien existía un régimen robusto de leyes e instituciones, estas no se tradujeron en resultados significativos.
Lo que se recordará para la posteridad en materia de combate al lavado de ese periodo será la ilegal intervención de la PGR en la elección presidencial al realizar filtraciones en contra de Ricardo Anaya, el fracaso en la persecución contra Elba Esther Gordillo, y el procedimiento abreviado de Javier Duarte, resuelto de manera muy conveniente para él y quizá para algunos más…
El inicio del nuevo gobierno generó expectativas favorables sobre la aplicación correcta y pertinente de los instrumentos contra el blanqueo de activos.
Como interesado en la materia me parece que las iniciativas que el gobierno ha dado a conocer son correctas, en términos generales. Sin embargo, discrepo de la pertinencia de la chata reforma en materia de extinción de dominio recientemente aprobada y con el hecho de que no se haya dado centralidad a estos temas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Sobre la UIF, me parece necesario reflexionar sobre el papel que desarrolla dicha instancia en el contexto de la reactivación del régimen de prevención y combate al blanqueo. Como lo que es, una unidad de INTELIGENCIA, su desempeño debe ser obligadamente discreto, reservado, de bajo perfil.
Aunado a lo anterior no hay que olvidar que la facultad de investigación de los delitos corresponde exclusivamente por mandato del artículo 21 constitucional al Ministerio Público y a la Policía.
La UIF no es ni uno, ni lo otro. Es una entidad cuya función es hacer análisis de gabinete, procesar reportes y avisos de las instituciones financieras y sujetos obligados y denunciar, si acaso de su trabajo se derivan elementos para hacerlo.
En tal sentido sería deseable que la UIF modere su protagonismo y se ubique como una autoridad que no puede ni debe prejuzgar prima facie, ni emitir conclusiones públicas respecto de caso alguno y mucho menos articularse en vocerías del Ejecutivo respecto de investigaciones administrativas o penales.
En el terreno práctico, una de las consecuencias indeseables de revelar sus formas de trabajo, puede ser el dar a divulgar información sensible, aportar argumentos para abogados defensores por la ilicitud en la conformación de los acervos probatorios del Ministerio Público, vulneración de la presunción de inocencia o incluso el dar pie a llamar a servidores públicos de dicha unidad para ser objeto de contrainterrogatorio en juicios orales.
Dada la calidad de información de la que se allega la UIF, es indispensable que haga su labor con legalidad, prudencia y objetividad.
