Alejandro Zúñiga
El pasado 14 de marzo la Cámara de Diputados aprobó, en medio de una ola de protestas, el dictamen que prevé modificar la Constitución para incorporar al sistema político mexicano la figura de revocación de mandato en el caso de gobernantes y legisladores. La iniciativa fue impulsada por el propio jefe del Poder Ejecutivo federal, pero la oposición la leyó como una estrategia política para abrir el camino rumbo a la reelección de Andrés Manuel López Obrador.
Ante las críticas, el mandatario respondió con la firma de un compromiso público inédito de no reelección, porque “no voy a traicionar mis principios”, dijo AMLO.
Sin duda, la revocación de mandato es un principio que viene a fortalecer una democracia y a empoderar al ciudadano, porque le brinda la oportunidad de retirarle el poder a los malos gobernantes y legisladores que no atienden ni respetan el mandato popular.
Lo que resulta absurdo, es que el propio presidente solicite su revocación y, por si fuera poco, fije la fecha, tiempo y forma para que se lleve a cabo el ejercicio, que en estricto sentido debería provenir de una demanda popular y recaer plenamente en los ciudadanos la solicitud y en los poderes independientes el proceso de organización.
Como está planteado el dictamen aprobado por los diputados, a quien beneficia no es al pueblo, en quien reside la soberanía según nuestra Constitución, sino a quien la impulsa desde el poder, en este caso, al presidente AMLO y a su partido.
Todo indica que, como va el dictamen de revocación hasta ahora, está diseñado para perfilar el triunfo de Morena en los comicios de 2021, la elección intermedia en la que no solo se renueva toda la Cámara de Diputados, también están en juego 13 gubernaturas en manos de los opositores al presidente.
Desde la lógica de una verdadera democracia, el presidente no puede pedir ser revocado, esa petición debe recaer en los ciudadanos y una minoría en el Congreso, un tercio de los diputados podrían solicitar también el recurso.
Respecto al número de ciudadanos que marca el dictamen para solicitar la revocación, el 3% de la lista nominal de electores, es muy elevado para la sola petición para iniciar el proceso, que no es vinculante, como está actualmente redactado el dictamen.
Más de 2 millones 700 mil firmas, muchas más que las requeridas a los candidatos independientes para acceder a una elección Presidencial -por cierto, casi todos incumplieron-, y muchas más de las requeridas para crear un nuevo partido político (0.26% del padrón electoral), por lo que suena muy complicado que los ciudadanos pudieran conseguirlas.
Me parece que la oposición, ingenuamente, se fue por el lado de la pretendida reelección y desdeñó lo esencial: el interés ciudadano.
No repararon en que el verdadero objetivo presidencial es que su foto aparezca en las boletas en el 2021.
Si el dictamen pasa en el Senado tal y como está, generaría una gran inequidad en la contienda electoral de mitad de sexenio, más allá de dónde este para entonces la popularidad del presidente.
Hay que decirlo claro: sí a la revocación de mandato como una figura para fortalecer la participación ciudadana consustancial a la democracia, pero no como una dadiva o un logro personal del presidente en turno y, menos aún, para ser utilizado como festín político en la elección intermedia.
Es una aberración que la izquierda que tanto luchó para democratizar y que hubiera equidad en las contiendas electorales, cuando llega al poder haga lo mismo que criticó toda la vida. Es un contrasentido histórico y una burla a la democracia.
