Diego Badillo / El Economista
Con la decisión de reducir el presupuesto para el programa de estancias infantilesy de repartirles una ayuda económica a los padres o tutores, en lugar de contribuir al fondeo de las instituciones encargadas de ofrecer el servicio, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador atenta contra los derechos superiores del menor y está haciendo a un lado de su responsabilidad de cuidado de los niños, aseveró Lía Limón.
El 13 de febrero pasado, el gobierno federal anunció que cambiaría las reglas del programa y que, en lugar de canalizar recursos a las guarderías y estancias, se repartiría dinero directamente a los padres o tutores. Además, anunció que redujo el presupuesto del programa. Esa ocasión informó que se encontró un problema de corrupción en el uso del presupuesto de esa política pública.
En entrevista, Limón García, quien fue la creadora del programa durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, comentó que la administración del presidente López Obrador no ha aportado ningún dato que compruebe el mal uso de los recursos.
Añadió que se ha señalado que las responsables de las estancias infantiles incurrieron en irregularidades; sin embargo, las administradoras de esos centros no tenían acceso a la base de datos, puesto que funcionarios de la Sedesol (ahora del Bienestar), eran encargados de hacer los trámites para incorporar a los menores a los programas.
Aseguró que la Secretaría del Bienestar reportó el registro de 97,180 niños que sólo existían en los documentos (por eso los llamaron fantasmas); sin embargo, no han aportado ni un solo nombre o documento que lo pruebe.
Indicó que las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación son sólo equivalente a 1.8% del programa.
Contrario a ello, señaló hay decenas de madres de familia que se han venido sumando a la condena a esta decisión del presidente, porque simplemente no tienen en donde o con quien dejar a sus hijos mientras trabajan. Para ellas no es conveniente que les den los 1,600 pesos bimestrales porque con eso no les va a alcanzar para pagar un lugar que se encargue de sus hijos y menos con el profesionalismo con que eran atendidos en las estancias infantiles a las que ya no pueden acceder.
La exfuncionaria cuestionó la forma en que el gobierno federal hizo el censo para identificar a los niños que tienen necesidad de estos servicios, porque hay decenas de madres y niños que no fueron censados.
Por ello, indicó, es que muchas madres de familias han recurrido al amparo contra la decisión del gobierno.
Expuso que hasta la semana pasada ya se habían interpuesto alrededor de 4,600 solicitudes de amparo ante la justicia federal y todo parece indicar que pueden rebasar los 5,000 en los siguientes días.
Además, agregó que la autoridad ya está incurriendo en desacato ya que varios jueces decretaron ya suspensiones definitivas en por lo menos tres estados (Querétaro, Chihuahua y Nuevo León) y provisionalmente en al menos otros ocho casos.
Eso quiere decir que “hay un desacato por parte de la autoridad porque no está cumpliendo con las suspensiones que mandataron los jueces”.
Explicó que con los amparos, lo que se busca es garantizar los derechos de la infancia, así como para que se haga justicia en el caso de la desviación de recursosetiquetados para este fin que se canalizaron a otra área. También reclaman que se actúe conforme a derecho por la irregularidad, que significa que el gobierno no haya publicado las nuevas reglas de operación del programa.
Pide a AMLO que escuche a las madres de niños usuarios de estas estancias
En su opinión, lo que hay en el fondo de la decisión es que López Obrador considera que le es más redituable (políticamente) darle dinero a 150,000 mujeres, que apoyar a con transferencias a 9,565 estancias.
Recordó que en días pasados Clara Torres, quien renunció en febrero pasado al cargo de responsable de estancias infantiles por estar en desacuerdo con las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador con este servicio, declaró que una funcionaria de la Secretaría del Bienestar le dijo que harían cambios en el programa porque se había convertido en una amenaza política para el presidente.
“En algún momento lo vieron como amenaza política, pero a mí me llama mucho la atención porque, la verdad, es que no es un programa partidista. Es un programa, incluso, transexenal”.
Limón García expuso que aquí lo importante es que el Estado no puede hacerse a un lado del cuidado del menor y de salvaguardar el interés superior de la niñez, consignado en el Articulo 4 de la Constitución y los tratados internacionales sobre el tema suscritos por México.
En su opinión, es una forma de privatizar el servicio porque le está diciendo a las mamás, yo te doy un dinero y tú ve quién te lo cuida.
Dijo que no es un tema de transferencia de recursos; estamos hablando de un servicio que da el Estado.
Comentó que las guarderías del IMSS, ISSSTE y del DIF atienden a unos 330,000 niños.
Con este programa el año pasado se atendieron a más de 290,000, según cifras oficiales.
La exsenadora de la República comentó que de acuerdo con las evaluaciones de desempeño de este programa, realizadas por el Coneval, es un programa con buen trabajo. 93% de las madres lo califican como positivo; 97% consideran que tiene un impacto directo en el desarrollo de sus hijos; 70% de las madres al dejar a sus hijos en estos lugares no tenían trabajo y 70% de ellas obtuvieron uno al poder contar con tiempo para eso.
Además, añadió, es un programa que ha recibido premios en el ámbito internacional.
Por eso, dijo: “yo, lo que más quisiera es que el presidente se sentara a escuchar a las madres y a los responsables de estas estancias y seguro cambiaría su percepción”.
Deciden repartir dinero a padres o tutores
‘El 13 de febrero pasado, el gobierno federal anunció que cambiarían las reglas del programa de estancias infantiles y, en lugar de canalizar recursos a las guarderías y estancias se entregarían directamente a los padres o tutores, entre 1,600 y 3,600 pesos bimestrales por cada niño (se les dará más a los que tienen alguna discapacidad).
También informó que se redujo el presupuesto del programa, debido al trato discrecional en las asignaciones, a la falta de atención a sectores prioritarios de la población, a los cobros indebidos y diversos actos de corrupción asentados por las autoridades competentes.
Informó que en una auditoría al programa se detectó que Sedesol no acreditó la debida admisión de más de 300 estancias; no atendió a su población objetivo; no acreditó la debida capacitación a más de 20,000 responsables de estancias; y tampoco acreditó que 659 estancias (7% del total) contaran con el documento que formaliza la entrega de subsidios.
