Diana Sánchez Barrios
Imagínate que cada que entres a un banco, buscas trabajo, rentes un departamento, te subas a un avión o realices cualquier gestión de tu vida cotidiana que implique mostrar tu credencial de elector, tu pasaporte o cualquier otro documento oficial personal, pases sistemáticamente un severo cuestionamiento sobre si realmente eres tú, si no estás “suplantando” a alguien más, con miradas inquisidoras, pérdida de tiempo y desgaste, teniendo que defender quién eres y tu derecho a ser tratado con dignidad.
Pues esto es lo que pasan todas las personas tttrans que aún no gozan de un reconocimiento jurídico sobre su identidad de género; el día a día se vive en un estado de vulnerabilidad, es una cuesta arriba constante que afecta a su desarrollo personal.
De los treinta y dos estados del país, solo en siete han habido avances, siendo el primer sitio la capital (con la primera reforma en 2009 y la segunda en 2014), sumándose los estados de Colima, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Hidalgo y, el más reciente, San Luis de Potosí en mayo del 2019.
¿Cuál es el camino para garantizar que ningún mexicano ni mexicana tttrans carezca de certeza jurídica? Después de estar involucrada activamente en los procesos de reforma a los Códigos Civiles en los estados anteriormente mencionados, tengo muy claro que el camino adecuado, en lugar de estar haciendo esfuerzos aislados, es elaborar una iniciativa de Ley Federal de Identidad de Género, que garantice una perspectiva transversal, lo que se traduciría no solo en el cambio de género en nuestros documentos oficiales, sino que marcaría la pauta para garantizar nuestros derechos en materia de salud y trabajo, por ejemplo.
La Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados, presidida por Reyna Celeste Ascencio Ortega, tiene la responsabilidad histórica de trabajar al respecto. Mucha brecha hemos abierto desde sociedad civil y toca ahora cristalizar en nuestras leyes federales.
Afortunadamente, contamos con referentes en otros países para poder crear esta iniciativa:
El primer antecedente de una legislación a favor del cambio de sexo fue en el estado de Illinois, en EUA, en 1967. Al día de hoy, en Europa, 41 países cuentan con leyes sobre el cambio de identidad de género.
Uruguay, en 2009, fue el primer país en América Latina en contar con una ley nacional de identidad de género.
Muy especial atención merece el caso de Argentina, de 2012, que fue la primera en el mundo en tener un paradigma despatologizante. Esta ley permitió cambiar la identidad sexo genérica sin necesidad de ningún tratamiento médico o jurídico. No solo en este sentido fue innovadora, también contempló la salud como un eje clave y necesario para el desarrollo de las personas tttrans al incluir un Plan Médico Obligatorio y un protocolo de atención a las personas tttrans en todos los hospitales de ese país.
Cualquier proyecto político y gobierno que se diga estar trabajando en beneficio del pueblo, debe poner por delante los derechos de todas y todos, lo que incluye a la diversidad sexual, si no, no es incluyente, es un fraude. En la 4T, Morena, que en campaña dijo apoyar los derechos de todos a favor de un México igualitario, tiene la mayoría suficiente para poder demostrar que trascienden el discurso, así que, como sociedad civil, estaremos vigilantes de que así sea, y que al finalizar el sexenio no haya ni un mexicano ni mexicana tttrans que sea relegada a una ciudadanía de segunda.
