Por Jorge Alberto Lara
Twitter: @jorgelara1
El pasado lunes 3 de septiembre, Carlos Urzúa Macías, próximo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, señaló que Santiago Nieto Castillo ex-titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, dependencia de la cual fue cesado de manera inopinada, encabezará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La UIF es responsable de la recopilación, análisis y diseminación de la información que se genera por parte de instituciones financieras y empresas profesionales y comerciales sometidas al régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Dicha Unidad fue creada mediante decreto del Ejecutivo el 7 de mayo de 2004.
No hay que olvidar que la existencia de este ente deriva de compromisos y recomendaciones internacionales, que señalan que todo país debe contar con un repositorio de información financiera y económica en la que se midan los riesgos de lavado y se tenga la capacidad de denunciar cuando existan datos que permitan presumir que se ha cometido dicho delito.
Como interesado en temas relativos al lavado de dinero y la recuperación de activos, me parece que la nominación de Nieto Castillo puede ser acertada. Sin embargo, no debemos soslayar la manipulación de la que cual fue objeto la UIF en el sexenio que agoniza, al ser utilizada como brazo político en contra de candidatos a puestos de elección popular, Josefina Vázquez Mota a la gubernatura del Estado de México en 2017, y Ricardo Anaya Cortés, a la Presidencia de México en este año.
En razón de lo anterior y a efecto de que exista un compromiso para que la UIF sea un órgano de estado y no de partido, es que se ha propuesto que su titular sea considerado como Empleado Superior de Hacienda. Incluir a dicho servidor público en ese rango dispuesto por la Constitución, desde los orígenes de nuestra nación, implicaría la necesidad de una saludable ratificación por parte del Senado de la República. Esta ratificación sería idónea tanto para elevar la mira de uno de los principales operadores de la política criminal del estado, como para que se produzca un respaldo de la mayor categoría por la representación federal y para que se conjuren reflejos y guiños monopartidistas en el ejercicio de su delicada función.
Además de lo anterior, el Congreso debe proceder a dictaminar diversas reformas en la materia, especialmente aquellas que proponen la consolidación de una política nacional de prevención y combate al lavado de activos, que comprometan en el tema a los tres niveles de gobierno y a los agentes económicos privados y sociales, de una manera más eficaz que la que actualmente se realiza.
Recordemos que en el combate al lavado de dinero y en la recuperación de activos del crimen, nuestro país enfrenta los mayores retos. Consideramos que la disminución de la violencia, la impunidad y la corrupción pasa necesariamente por incrementar de manera sustancial la eficacia del gobierno en esta materia. No obstante, el desempeño de la presente administración ha sido muy deficiente.
Muestra de lo anterior son los datos que aporta el VI Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Dicho reporte omite datos fundamentales para entender las dimensiones del fenómeno y la pertinencia de las acciones realizadas. Por ejemplo, no se ofrece un dato medular: la cantidad de recursos que pudieron haber sido objeto de lavado de dinero como producto del crimen organizado, la corrupción y la defraudación fiscal de alto impacto. Sin conocer la incidencia en esta materia, la opinión pública carece de un elemento de juicio de suma importancia.
Tampoco se menciona el componente de los delitos precedentes cuyos productos originaron los recursos perseguidos. Sin esa referencia la sociedad no puede conocer en qué medida se está cumpliendo con los objetivos estratégicos en la materia.
Otro dato fundamental omitido es la modalidad de las conductas que han sido eficazmente presentadas para su judicialización. No es lo mismo perseguir a una persona que transporta algunos miles de dólares y que es detenida en un aeropuerto o a quien traslada fajos de efectivo en un vehículo y que es detenida en flagrancia, modalidad de micro casos más socorrida por nuestras autoridades, que el combatir mega casos, que involucren transferencias de millones de dólares, y que conforman la tipología que debería ser la prioritaria para la UIF, Policía Federal y PGR y que no lo es, de acuerdo a la evidencia.
En virtud de lo anterior nos tenemos que conformar con una cifra que casi no dice nada: en el ejercicio 2017-18 nuestras autoridades aseguraron un poco más de mil seiscientos millones de pesos. Si las cifras de lavado para México cada año se calculan en miles de millones de dólares, el resultado mencionado debe ser motivo de profunda preocupación y de una reconfiguración urgente de autoridades investigadoras y métodos de trabajo. Veamos si Nieto Castillo, Durazo Montaño y el próximo fiscal nacional son capaces de hacer la diferencia.
