Fernando Díaz Naranjo
Nuestro idioma español es uno de los más completos y bellos del mundo. De acuerdo con la edición de 2017 del estudio Ethnologue: Languajes of the world, el español se ha convertido en el segundo idioma más utilizado en el mundo.
El chino se coloca como el idioma materno más usado con más de 1,280 millones de habitantes nativos; el español con más de 430 millones, y el inglés con más de 370 millones de habitantes.
Estos datos nos llevan invariablemente a sentirnos orgullosos de nuestro idioma, que es tan rico y tan completo que difícilmente entendemos “ciertas formas” de expresión utilizadas por diversos segmentos de la población. Me explico.
Dejando a un lado a los jóvenes que merecen un estudio mucho más profundo, analicemos a nuestra clase política y, en particular, a nuestros legisladores.
De entrada, esta “clase” debería ser a todas luces la más ilustrada por las diversas funciones que desempeñan, pero encontramos algunos datos por demás interesantes y algunos hasta vergonzosos.
Los casos más relevantes los encontramos en la ortografía, en donde documentos por demás importantes han contenido diversas faltas de ortografía. Para poner un ejemplo, entre muchos, en la minuta de la reforma al artículo 73 de la Constitución Política en materia de desaparición forzada y de tortura (2015), se le nombró “minuta fachosa” tanto por la mala ortografía como por la redacción del documento. Y no hablemos, en ocasiones, de la falta de técnica legislativa.
Pero recientemente con el uso de las redes sociales se ha mostrado más abiertamente este fenómeno que hasta da la impresión que es con la intención de desvirtuar nuestro idioma.
Si hacemos un balance serio, me parece que la escolaridad está íntimamente ligada a este fenómeno; es decir, entre mayor preparación académica, mejor amplitud, conocimiento, utilización y desenvolvimiento de nuestro idioma. Esto, por supuesto, está asociado a determinadas instituciones educativas, por un lado, y, por el otro, como ya ha resultado, también existen legisladores que dicen poseer algún nivel académico que en diversos registros académicos o ante las autoridades correspondientes nadie encuentra.
Hace unas semanas, algún legislador cuyo nombre no tiene ya caso mencionarlo, escribió vía twitter que concluía la sesión en el congreso, y resaltaba que habían logrado la “aprovación” de un punto de acuerdo donde exhortaban a las autoridades educativas estatales y federales a suspender de manera inmediata las evaluaciones relacionadas con la reforma educativa.
De igual forma recuerdo alguna antigua legislación electoral que hacía referencia a la propaganda electoral colocada por los partidos políticos y en donde se señalaba que la misma debía ser retirada por los “mimos”; obviamente este error, además de risas, dio la impresión de tratar de fijarles una función a las personas que utilizan la mímica como medio teatral de expresión artística.
Muchos ejemplos podríamos señalar, pero lo que me parece importante resaltar es que tenemos la obligación de defender nuestro idioma, y más quienes tienen la alta responsabilidad de elaborar nuestras leyes que constituyen la normativa de nuestra convivencia en sociedad.
Los legisladores no sólo son los representantes de los ciudadanos, sino también se constituyen en defensores de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de los intereses de la mayoría de los mexicanos, del desarrollo del país, de nuestra estabilidad económica y nuestro crecimiento y, por supuesto, de nuestro idioma.
Por ello, me parece que vuelve a estar en la mesa del debate aquella ya añeja discusión de revisar si los legisladores necesitan o no una serie de requisitos más específicos que los que establece tanto la Constitución como la legislación electoral respectiva. Pero usted, amable lector, tiene la última palabra.
