Nashieli Ramírez Hernández
En noviembre de 2015, una mujer y su hijo de seis años fueron abordados por un servidor público de la entonces Delegación Miguel Hidalgo con motivo de un operativo realizado en la Unidad Habitacional Lomas de Sotelo para prevenir el abandono de desechos sólidos en la vía pública.
El evento fue ampliamente conocido pues la interacción entre el funcionario público y la mujer fue difundida en tiempo real a través de su cuenta personal en Periscope y el video fue reproducido posteriormente en redes sociales e Internet, lo que provocó una cantidad significativa de comentarios que denostaban a las personas agredidas por el servidor público.
A la fecha en que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la Recomendación 19/2018 sobre el Tratamiento ilegal y arbitrario de datos personales a través de la aplicación “Periscope”, en noviembre de 2018, el video había sido reproducido al menos en 620 mil ocasiones en la plataforma Youtube. Al 23 de julio de este año, el video contaba con más de 1 millón de visualizaciones que continúan siendo comentadas. La Internet no da derecho al olvido y los comentarios agresivos hacia las víctimas continúan, así como el hostigamiento en su contra como consecuencia de la exhibición de su imagen.
El caso referido no fue el único documentado en la Recomendación 19/2018. El funcionario público responsable de la difusión indebida de los datos personales de la mujer y su hijo reprodujo la misma conducta en al menos dos ocasiones más. En los tres casos documentados en la Recomendación, las víctimas corresponden a personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria determinados en la Constitución Política de la Ciudad de México: mujeres, niños, personas de la diversidad sexual y de género, así como personas con discapacidad.
En la investigación motivada por la denuncia que las víctimas hicieron del caso, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México llegó a la conclusión de que la entonces Delegación Miguel Hidalgo se extralimitó en sus funciones incurriendo en diversas conductas arbitrarias e ilegales que desembocaron en violaciones a derechos humanos de esas personas.
El instrumento recomendatorio fue enfático en señalar que la entonces Delegación no contaba con facultades para realizar ese tipo de operativos que violentaron a las personas, con lo cual la autoridad se distanció de una actuación apegada a derecho y realizó actos arbitrarios en contra de ellas.
El pasado 23 de julio, la Alcaldía Miguel Hidalgo dio cumplimento de uno de los puntos recomendatorios en favor de dos de las cinco víctimas de violaciones a derechos humanos por un funcionario público de la entonces Delegación. Es la primera vez que un órgano político administrativo -antes Delegación y ahora Alcaldía- realiza un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad para resarcir a víctimas de derechos humanos.
Con motivo del acto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo un llamado a no volver a tergiversar la aplicación de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad y a dar cumplimiento tanto con los principios de derechos humanos como con la interpretación que al respecto ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre todo, hizo un llamado a cumplir con las obligaciones en materia de protección de datos personales en poder de los particulares y de las autoridades.
La visión de reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos a partir de la cual la Alcaldía llevó a cabo el acto de disculpa pública por los hechos es lo justo, lo merecido y lo esperado de una autoridad.
Al respecto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de su órgano jurisdiccional -la Corte Interamericana de DDHH- ha establecido jurisprudencia modelo útil para otros Sistemas Regionales de Protección, así como para el propio Sistema Universal de Derechos Humanos. Tales criterios han sido el estándar a seguir tanto para establecer las medidas de satisfacción en la Recomendación 19/2018, como para dar cumplimiento a ellas.
Al ser público, el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas permite restablecer la dignidad y reputación de las víctimas. A la sociedad en general le permite también presenciar la calidad y compromiso de sus autoridades frente al desequilibrio que se generó al incumplir las obligaciones asignadas por la confianza de la ciudadanía y que llevaron a violentar los derechos de las personas.
En el corto plazo, la Alcaldía llevará a cabo actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y disculpa como parte de las medidas de reparación del daño de las víctimas que padecieron conductas semejantes por parte del funcionario público. Asimismo, continuará con el cumplimiento de los demás puntos recomendatorios.
Todo ello debe conducirnos a internalizar que la interacción arbitraria, agresiva y trasgresora de cualquier derecho humano como lo es el derecho a la protección de los datos personales por parte de cualquier persona servidora pública es inaceptable.
