Por Arturo Páramo
En marzo reciente, al inicio de las campañas por la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum acudió a la exhibición Real Estate Show, junto al resto de los aspirantes a gobernar la ciudad.
En ella, las Fibras, constructoras, despachos de arquitectos y de estructuristas, titulares de fondos de inversión y empresarios que han aportado capital las últimas dos décadas a la inversión inmobiliaria en la Ciudad escucharon los planteamientos de Sheinbaum.
Es del dominio público que las grandes inversiones en la CDMX en materia inmobiliaria y la perversión de las normas y leyes que permitieron el boom inmobiliario que vivimos ahora iniciaron durante la gestión de AMLO.
La gestación de ese problema inició con la entrada en vigor de la Norma 26, y maduró y reventó durante el sexenio de Marcelo Ebrard y el quinquenio de Miguel Ángel Mancera.
Entre las normas que se elaboraron en la última década para permitir un crecimiento inmobiliario en diversos puntos en la Ciudad de México estuvieron la Transferencia de Potencialidad, los polígonos de actuación, la norma de vialidad, entre otras.
Contribuyó también la persistencia de los desarrolladores de vivienda para construir unidades más caras en las delegaciones con mayor y mejor infraestructura urbana, y llevó a que la Ciudad experimentara el efecto que hace casi 20 años intentó AMLO: repoblar la zona central de la capital.
El instrumento que debe regir este crecimiento, el Plan General de Desarrollo Urbano que debió actualizarse hace años. La nueva versión ya fue elaborada y se encuentra en poder de la ALDF; sin embargo, pese a que fue producto de cerca de dos años de trabajo en el CONDUSE en el que intervinieron especialistas en la materia, es posible que no vea la luz por haber sido elaborado durante la administración saliente y por la oposición tajante de los diputados de Morena a su entrada en vigor.
Hace días, directivos de la Canadevi y de la ADI, dos de los principales motores económicos de la Ciudad, externaron su preocupación por la postura de la próxima jefa de Gobierno de acabar con los polígonos de actuación.
Cabe señalar que esos instrumento son producto de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, que son aplicadas por el gobierno capitalino y que estarán sujetas a una nueva normatividad en materia de desarrollo urbano, establecida por ley en la Nueva Constitución de la Ciudad de México.
Por ello, preocupa la ligereza con que Sheinbaum habla de eliminar medidas que, en efecto, deben ser revisadas, sometidas a un escrutinio ciudadano y al control de la autoridad.
En la teoría y práctica del desarrollo urbano señalan que las ciudades nunca dejan de construirse. Edificaciones se levantan sobre el terreno dejado por otras. También qué debe ser protegido por su valor patrimonial o ambiental y qué zonas deben ser recicladas.
Por ello, el discurso de la próxima jefa de gobierno preocupa al sector de más trabajadores, plusvalía y aportaciones monetarias a las arcas capitalinas vía el pago de licencias y derechos, preocupa también que reconozca que para dialogar con los próximos secretarios del gabinete federal deba “pedir permiso” a quien será presidente de la República.
El desarrollo urbano de la Ciudad requiere de reglas, de vigilancia ciudadana, pero también exige dinamismo, facilitación de negocios e incluso una visión atrevida para revertir el déficit de vivienda que hay en la ciudad y dotar de espacios de trabajo a todos aquellos que se incorporarán al mercado laboral.
Morena, su gobierno en la ciudad y su congreso local tendrán que demostrar que pueden gestionar un nuevo desarrollo urbano en la misma capital que durante años minaron de conflictos en esa misma materia.
