Carla María Petrella
El viernes pasado el Senado de la República recibió la terna que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos. Las reacciones no se hicieron esperar. Fueron de sorpresa y generaron una enorme polémica, por decir lo menos, entre analistas y partidos de oposición.
Apenas en diciembre pasado dos de estas propuestas habían competido por otro espacio, también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero quedaron en el camino al ser derrotadas por Juan Luis Alcántara Carrancá; además, por tener vínculos directos con Morena. El tercer nombre hizo ruido debido a que se trata de la esposa de un contratista “consentido” —dicen— del presidente.
La terna llamó la atención de la opinión pública, no por estar integrada exclusivamente por mujeres, no por tratarse de profesionistas con amplia experiencia, trayectoria y formación como juristas, no por los méritos de las contendientes, sino por la cercanía que éstas tienen con el partido en el gobierno o sus relaciones personales con el Presidente. ¿Es esto válido? ¿Es una forma de desacreditar a mujeres capaces? ¿Se trata de la reacción de una sociedad machista?
La terna es procedente en lo jurídico, pero no se mira bien en un país donde se ha criticado la falta de equilibrio entre los poderes y el favoritismo a la hora de nombrar a personas clave en la estructura política. Menos bien se mira cuando viene de un partido que ha criticado el amiguismo y la falta de transparencia a la hora de hacer nombramientos tan importantes para el país.
Loreta Ortiz Ahlf es egresada de la Escuela Libre de Derecho y tiene amplia trayectoria, pero las principales objeciones que se le ponen es que hasta diciembre de 2018 fue militante de Morena y que es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, uno de los colaboradores más cercanos del presidente. Celia Maya García es magistrada del Tribunal de Querétaro, pero —y ese es el gran pero— en 2015 fue candidata morenista a la gubernatura de su estado, además de que en 2018 compitió por el mismo partido buscando un espacio en el Senado.
Por último, Jazmín Esquivel Mossa es esposa de José María Riobóo, uno de los contratistas consentidos del presidente cuando fue jefe de gobierno, y también —aunque poco se habla de ello— Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad. La experiencia nos dice que estos datos, ciertamente no vinculados a su trayectoria como profesionista, son suficientes para restarle a cualquiera independencia a las decisiones que tenga como magistrada de la Corte, el poder que más tardó en lograr su independencia respecto al ejecutivo y el partido del presidente.
Seguramente la oposición rechazará que alguna de estas mujeres llegue a la Corte, pero la mayoría necesaria para lograrlo está en manos de Morena y sus aliados, no en la oposición. Cierto que la mayoría morenista en el Senado tendrá que demostrar oficio político, pero si decide no hacerlo tampoco y simplemente aplica los números alguna de ellas se convertirá en ministra.
El viernes, Enrique Hernández Alcázar y la reportera Verónica Méndez decían, pensando con malicia: “si en diciembre una de las candidatas no logró un solo voto y la otra tuvo minoría, es claro quién ganará”, refiriéndose a Jazmín Esquivel.
Finalmente nada está escrito. Ahora los grupos al interior de Morena en el Senado tendrán que analizar cuál es el mejor perfil de acuerdo los líderes de la Cámara y a los planes políticos y personales de Morena y sus senadores.
La terna puede cambiar total o parcialmente. Es un hecho que se busca una mujer, pero en las próximas semanas la burbuja del Senado tendrá que demostrar cómo harán las cosas. Si actuará igual que lo hacía la “mafia del poder” o lo hará de manera distinta. Ya veremos si con el tiempo podrán pasar la prueba del polígrafo político.
