Carla María Petrella
En los últimos años a nivel mundial se vive una derechización de los gobiernos en materia política y por lo tanto social; paralelamente, las sociedades también enfrentan ese proceso de correrse al lado conservador, y México no escapa a esa circunstancia. La semana pasada, el Congreso de Nuevo León logró la criminalización de las mujeres que opten por el aborto, decisión legislativa en la que intervinieron diputadas y diputados de Morena, partido en el poder.
Al día siguiente la senadora Lilly Téllez, también morenista, montó un espectáculo y anunció que enviará una iniciativa de ley para criminalizar el aborto, pues considera que con esta práctica se asesina a personas, refiriéndose al producto de una fecundación.
El 8 de marzo, la presidenta de la Comisión de Equidad, Malú Micher, dijo al respecto: “se nos colaron algunos conservadores”, y añadió que la batalla por despenalizar el aborto será difícil. Aunque nunca precisó que en la lista de “los colados” no sólo hay legisladores y funcionarios, sino el propio presidente de la República, quien muy a su estilo declaró que el debate del aborto no es asunto prioritario y que el Estado debe consultar a las mayorías.
De esta manera, resulta que en México la mujer tiene libertades económicas, políticas y religiosas, pero no sexuales, pues no sólo es juzgada y prejuzgada por la forma en que ejerce su sexualidad, sino que está impedida a decidir sobre su maternidad, el momento en que la ejerce, con quién, e incluso si no desea ejercerla.
Los hechos no mienten: actualmente la única entidad donde el aborto está despenalizado por completo es la Ciudad de México, gracias a una lucha que dieron muchas mujeres desde el 2000, cuando la entonces jefa de gobierno envió una iniciativa conocida como “Ley Robles”, para ampliar las causales de despenalización del aborto.
Fue hasta el 2007 cuando se consiguió la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas, sin importar las razones. La medida fue considerada como una política de salud pública, para evitar la muerte de mujeres, y no como un método anticonceptivo. Como decían los grupos de mujeres que apoyaron la despenalización total: “ninguna mujer quiere abortar”, nadie lo ve como una experiencia divertida.
Fuera de la Ciudad de México ningún estado tiene por completo despenalizada esta práctica. Todos admiten la violación como una causal, y los más vanguardistas (Colima, Baja California Sur, Tlaxcala, Yucatán y Michoacán) añaden otras 5, sumando 6 en total. Los que contemplan 5 causales son Veracruz, Hidalgo, Morelos y Guerrero. Por último, con 4 causales, están Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Quintara Roo, Nayarit, Puebla y el Estado de México.
Si a las restricciones jurídicas y legales se les suma la carga moral y religiosa que implica el tema, el resultado es la polarización social. El temor de los políticos a perder votos y la misoginia de quienes se encuentran en puestos de poder hacen del debate para despenalizar por completo el aborto algo en extremo complicado. La posición del presidente, que quedó ya muy de manifiesto, es compartida por un grupo opositor en los congresos federales, al cual se suma un silencio total por parte de los grupos de mujeres de Morena.
Es ahí donde quizá se encuentre el punto más delicado del tema, pues se trata de activistas, legisladoras y funcionarias que durante años dieron la lucha desde el PRD, y hoy, en el partido del presidente, parece que sus convicciones se han desdibujado.
Por lo pronto los tambores de guerra ya suenan. De un lado los detractores, amagando con presentar una iniciativa que limite los pocos derechos ya adquiridos, y por el otro, los que apoyan abierta o veladamente el tema, quienes declararon que pelearán para ampliar la despenalización total en todo el país, tarea que se antoja muy difícil, sobre todo por la opinión que tiene el presidente sobre el tema.
