Carla María Petrella
De entre las tantas noticias sobre violencia que hubo la semana pasada, no podemos olvidar la muerte de Graciela Medina, una mujer de 43 años de edad con tres hijos reportada como desaparecida el 24 de mayo y que apareció muerta el martes 28 por la mañana en Iztapalapa.
El caso conmovió por diversas razones. Primero porque se trata de una mujer mayor de 40 años, lo que significa que la violencia y homicidios contra las mujeres ha dejado de ser tema exclusivo de adolescentes y estudiantes universitarias; segundo porque es evidencia de un problema que no se detiene, y para el cual parece no haber solución: la violencia de género.
En marzo pasado las autoridades federales reconocieron que se ha tenido un aumento del 37 por ciento de asesinatos violentos contra las mujeres o, lo que es lo mismo, que diariamente son asesinadas 9 mujeres en el país. El presidente de la República dijo que no permitirá más violencia hacia la mujer, pero más allá del discurso y las declaraciones el gobierno no ha dado con la fórmula para proteger a las mujeres.
Durante el primer cuatrimestre del año se tuvo conocimiento de 311 casos, de los cuáles 76 ocurrieron en abril y 87 en marzo, lo cual convirtió a éste en el mes más violento hacía la mujer.
El caso de Graciela fue notorio y aún no sabemos qué fue lo que pasó con ella, si se trató de un asalto, de un secuestro o de un feminicidio. La respuesta a este caso está en el aire, al igual que la que todavía esperan las decenas de familias que han sufrido la violencia, muerte o desaparición de alguna de sus mujeres.
Ante esta situación urge que se active la alerta de violencia de género en la ciudad, mecanismo gubernamental creado para proteger a las mujeres de todas las edades, el cual tal vez no fue necesario mientras la ciudad era como una especie de oasis de seguridad en el contexto nacional, pero ahora las cosas han cambiado.
La ciudad es gobernada por una mujer, también mujer es la procuradora de justicia y mujer la secretaria de Gobierno, por lo cual, cuando menos en teoría, existe suficiente fuerza política para atender en el nivel local las demandas que desde el año pasado están haciendo las organizaciones civiles.
A mediados de mayo se informó que ya estaba listo el dictamen de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres (Conavim) y que ya se había entregado a la Secretaría de Gobernación ─encabezada también por una mujer─, para que se emitiera la alerta de violencia de género, pero como es evidente, hasta el momento esto aún no ha sucedido.
Justo la razón de que una mujer encabece el gobierno de la ciudad es que éste tenga un sello femenino, entre otras cosas implementando políticas públicas que de verdad sean solidarias y congruentes en la defensa de las mujeres. Es lo menos que las mujeres esperan de su gobernante.
Cierto que los problemas de inseguridad por los que atraviesa la ciudad son muchos y muy diversos, entre ellos la presencia de cárteles de narcotráfico, corrupción en las corporaciones policíacas, ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales y más, pero si no se puede garantizar la seguridad de las mujeres ¿de qué le sirve el poder a la jefa de gobierno? Esta es una deuda que se tiene con Lesby Berlín Osorio, la joven de 22 años cuyo cuerpo fue encontrado en mayo de 2017 frente a la Facultad de Ingeniería, en CU; es una deuda que se tiene con todas las mujeres muertas, pero también, y de manera urgente, con todas las mujeres vivas.
