Jorge Lara
La característica más notable de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), propuesta por el equipo legislativo del presidente electo, es la creación de la súper Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Al parecer, del error cometido por la administración Peña Nieto de eliminar la Secretaría de Seguridad Pública y someter a la Policía Federal al mando político del Secretario de Gobernación, con el pésimo resultado en la materia, la administración pública federal se dirige precisamente al otro extremo: ahora se degradará a Bucareli, quitándole incluso facultades tradicionalmente inherentes a su naturaleza política y su posición como cabeza de gabinete.
La otrora políticamente poderosa Secretaría de Gobernación (SEGOB), cantera de presidentes, ahora quedará disminuida a una oficina protocolaria, cuyas facultades sustantivas más relevantes quizá sean las relacionadas con temas migratorios. Por la importancia y calidad de las atribuciones que le serán suprimidas, y no nos referimos a las que erróneamente le fueran concedidas en el gobierno saliente, la SEGOB dejará de ser cabeza del gabinete político. Esa función ahora la ocupará una nueva dependencia, con un perfil eminentemente policial.
Dentro de las tareas que le serán retiradas a la SEGOB se encuentra el presidir el Consejo Nacional de Seguridad Nacional en ausencia del Presidente. Dicho órgano es la máxima instancia del gobierno federal para coordinar las acciones relativas a la salvaguarda de la soberanía y la conjura de riesgos que atenten contra ella. No se debe olvidar que los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, entre otros titulares de dependencias federales, forman parte del Consejo y que las directrices que ahí se dictan en muchas ocasiones corresponden a operaciones de las fuerzas armadas.
En ese sentido, es previsible una repolarización de la agenda del Consejo de Seguridad Nacional, cuya naturaleza y visión actualmente son de orden estadual y relativas a la soberanía, para pasar a tener una impronta de orden policiaco.
Lo anterior se refuerza en uno de los cambios más delicados de la LOAPF, el cual es la concentración de las áreas de inteligencia civil y policial. Se le quita a SEGOB la conducción de la agencia de inteligencia para la seguridad nacional y se reasigna dicha función a la SSPC, que a su vez ya tiene atribuida la del análisis de información criminal correspondiente a la función de seguridad pública.
Es importante entender lo que es la inteligencia de orden soberano. De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, esta se define como el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información, para la toma de decisiones en materia de Seguridad Nacional. Como se puede observar, esta tarea es de naturaleza y objetivos distintos y con especificidad diversa a la información de seguridad pública. Para comprender lo anterior tomemos el ejemplo de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. En materia de Seguridad Nacional el vecino país tiene dos instituciones: la Agencia Central de Información, CIA y la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Por su parte, la inteligencia policial de seguridad pública a nivel federal, en los EE.UU. la realiza de manera relevante el Buró Federal de Investigaciones, FBI. Además, tienen delegadas funciones semejantes otras agencias del Departamento de Justicia, como la DEA o la Agencia de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos. Como se puede observar, la experiencia aconseja cierto nivel de especialización y la generación de equilibrios internos.
En México, erróneamente vamos a la ruta de la concentración de los dos niveles de inteligencia. La SEGOB se quedará sin información, quizá porque ya no la necesitará. En el nuevo diseño ordenado por el presidente López Obrador, dicha dependencia será una especie de oficina de protocolo. Incluso se le pretende retirar una función crucial en épocas de crisis por desastres naturales, tan frecuentes. De aprobarse el proyecto, la protección civil será extirpada de Bucareli y se remitirá a… la nueva súper Secretaría. Lo anterior ubica a esta última como la campeona en la coordinación y gestión de esfuerzos para remontar efectos de desastres y a cargo del cuantioso Fondo Nacional de Desastres.
La concentración de facultades seguramente propiciará distorsiones y desequilibrios. Ante esa posibilidad es indispensable que la mencionada reforma sea revisada con cuidado y sin apresuramientos.
