Alejandra Martínez
¿Qué tiene en la cabeza el padre de un adolescente que es detenido robando con pistolas de juguete y navajas, y reacciona indignado, amenazando con demandar a la Procuraduría General de Justicia por abuso de autoridad, pues lo que hizo su hijo no fueron más que “travesuras”?
¿Quién es responsable de que ese menor esté en las calles robando? ¿Dónde se encontraban entre tanto su padre y madre? ¿Estudia? ¿Cuándo inició su carrera delincuencial? ¿Son los propios padres promotores de tales conductas?
Preguntas como éstas y muchas otras surgen a consecuencia del escándalo desatado por la llamada banda “Los Diablitos”, jóvenes de entre 13 y 15 años de edad dedicados al robo a mano armada, que se hicieron famosos no tanto por los delitos cometidos, sino por las respuestas y actitudes de sus padres.
Tales respuestas generaron indignación en la opinión pública, pues nadie logra entender cómo es que un padre o madre puede dar semejante respuesta, a menos, claro, que esté involucrado.
El incidente pone de nuevo sobre la mesa el problema de cuál debe ser el tratamiento para los menores en conflicto con la ley, puesto que si bien existe acuerdo respecto a que un menor no puede ser juzgado como un adulto, en ocasiones los delitos que aquéllos cometen son tan graves o más que los cometidos por un mayor de edad.
El caso de “Los Diablitos” está poniendo en jaque a todo el sistema de atención a menores de la Ciudad y deja al descubierto la poca atención que existe hacia las familias criminógenas.
El Estado debe emprender acciones enfocadas a la prevención; generar liderazgos positivos en la población adolescente y ofrecerle proyectos de vida realistas y viables, porque cuando un menor se enrola en las filas de la delincuencia cuesta mucho sacarlo de ahí.
Las carencias del sistema penal para adolescentes son enormes, y a ello hay que agregar las dificultades que genera el nuevo sistema penal acusatorio, que ha flexibilizado la respuesta de la autoridad a los delitos graves y permite que conductas antisociales como las cometidas por “Los Diablitos” no merezcan el encierro, sino la plena libertad.
Hoy, las autoridades capitalinas sólo conocen los nombres y edades de los integrantes de la banda, los de sus padres y los respectivos domicilios, pero no saben si los niños estudian, si los padres están involucrados o a qué se dedican, y por lo tanto tampoco tienen idea de si entre “Los Diablitos” hay también adultos que participen en los ilícitos o ejerzan sobre los muchachos algún tipo de explotación.
El hecho es que tanto el gobierno federal como el local necesitan hacer ajustes a la ley, pues de lo contrario cada día más niños serán utilizados en actividades delincuenciales, ya sea por sus padres o por terceros. Además, es necesaria una intervención social y el involucramiento de los padres y la familia. De no ser así, la famosa “colombianización” se quedará corta frente a lo que se está cocinando para el futuro cercano de la ciudad y el país.
