Por Jorge Lara
Además del preocupante fenómeno de la violencia relacionado con la presencia del crimen organizado en diversos puntos de la geografía nacional, especialmente focalizado en lugares estratégicos para la logística de los cárteles de la droga, como son algunas ciudades fronterizas como Reynosa, Ciudad Juárez, Tijuana o costeras como Manzanillo, Acapulco o Veracruz, en los últimos meses se ha agudizado un proceso de inseguridad en centros urbanos que empieza a adquirir dimensiones y particularidades que deben ser analizadas para ser entendidas y resueltas.
Una de las características de este tipo de violencia citadina es el incremento de homicidios dolosos por arma de fuego en proporciones intensificadas en algunas delegaciones de la ciudad de México y municipios suburbanos del Estado de México.
Una de las explicaciones para este fenómeno se basa en la existencia de conflictos por el dominio territorial y ajustes de cuentas de grupo del narcomenudeo, así como en el incremento en la incidencia de delitos del fuero común con desenlaces violentos.
Lo anterior es una muestra de la insuficiencia del esquema tradicional de seguridad pública de la capital sustentado en una alta densidad policial y la disuasión por equipamiento urbano con cámaras de vigilancia. Es tal el nivel de violencia de estos grupos que incluso son captados por las cámaras de la ciudad sin que lo anterior disuada su comportamiento.
Para tener un conocimiento completo del contexto, es necesario recordar que, en virtud de la reforma constitucional del año 2008, las investigaciones y procesos por delincuencia organizada fueron consideradas como facultades exclusivas de la federación. Lo anterior trajo como consecuencia un retraimiento de las autoridades del fuero común en la generación de información, prevención, investigación especializada y combate a los grupos de la delincuencia organizada. La propia Constitución Política federal define lo que es delincuencia organizada, en el artículo 16 señala que “por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.” (La ley a que se refiere es la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada).
Como una forma de compensar la exclusividad federal en la materia, a las entidades federativas se les confirió atribuciones en materia de prevención y combate al narcomenudeo, que es precisamente el fenómeno cuya evolución explica la espiral de violencia urbana que se observa.
Ante esta nueva realidad las autoridades locales deberán recuperar el tiempo ido y robustecer, ahora sí, las funciones de inteligencia, prevención, investigación y combate que son impostergables.
