Ernesto Osorio
Comenzamos el 2019 con la resaca que nos deja una escalada de violencia registrada durante las fiestas decembrinas, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país.
La ola de homicidios que se registraron durante las últimas dos semanas del 2018 dejaron no solo dolor y sufrimiento en muchas familias, sino que encendió las luces de alerta del nuevo gobierno federal y del mismo gobierno de la capital que, ante todo, han sabido reconocer que la crisis de inseguridad y violencia es mucho más grave de lo que esperaban.
Era de esperarse que al arribo de una nueva administración, las organizaciones criminales en todos sus ámbitos de acción y hasta los propios delincuentes de a pie, se manifestarían abiertamente en una actitud de reto ante las nuevas autoridades, sembrando el miedo para distraer a los encargados de la dura encomienda de regresarnos la paz. Y vaya que lograron sembrar zozobra.
Primero. Nadie en su sano juicio puede creer que el trágico accidente en el que murieron la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle junto con otras tres personas la tarde previa a la Navidad fue sólo un accidente fortuito. Eso lo saben en el gabinete de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador y por ello actuaron de manera inmediata, con mesura y cabeza fría.
Pero no solo fue en Puebla, donde el gobierno federal intervino con fuerza en contra del robo de combustible donde se han enviado mensajes por parte de la delincuencia y las organizaciones criminales. En Morelos (estado gobernado por Morena en la persona de Cuauhtémoc Blanco) donde el delito de secuestro es de los más recurrentes se conoció el 28 de diciembre la ejecución de la hija del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de ese Estado Rubén Toledo, quien había sido plagiada dos días antes y por quien –extrañamente- no se pidió rescate alguno.
Hace aproximadamente una semana, fueron también ejecutados el dirigente de Morena en San José del Progreso, Oaxaca Cutberto Porcayo; el presidente municipal de Tlaxiaco también de ese estado Alejandro Aparicio Santiago y el síndico de la misma localidad Perfecto Hernández, estos dos últimos también militantes del partido Morena. Junto con ellos, sume al menos seis víctimas entre ciudadanos, funcionarios y militantes de otros partidos que corrieron con la misma suerte en Michoacán, Guerrero y la zona metropolitana del Valle de México.
En el gabinete de seguridad del Presidente de la República, todos estos hechos no se perciben de manera aislada, sino como parte de una escalada de acontecimientos que podrían considerarse como la respuesta de las organizaciones criminales a la iniciativa del Presidente López Obrador de avanzar hacia la creación de una Guardia Nacional.
Es por ello que en su primera conferencia el pasado 2 de enero, no dudó en apresurar la convocatoria para llamar a los jóvenes de México a sumarse a esta nueva corporación que en principio se integrará por elementos de la policía federal, de la policía naval y la policía militar, pero que conforme pase el tiempo quedará integrada por 50 elementos, todos nuevos elementos que recibirán la formación necesaria para hacer frente al crimen organizado.
Lamentablemente, los críticos del nuevo régimen que en el pasado tuvieron en sus manos la responsabilidad de atacar el problema de la inseguridad, han sido los primeros en levantar la voz para poner peros y alardear con la necedad de que la propuesta busca mantener la militarización del país, sin entender (o no querer hacerlo) de que la Guardia es sólo un pequeño elemento de toda la estrategia nacional que busca minar la fuerza laboral y financiera de las organizaciones criminales.
Debo reconocer que fui escéptico al principio, pero al revisar a detalle la iniciativa presentada por el primer mandatario, uno entiende que la GN es el último elemento de una estrategia integral para acabar con la inseguridad, y cuyo eje central es el combate a la corrupción, una reforma general al sistema de justicia local y federal, un marco regulatorio para el consumo de drogas, una política de impulso para el empleo y fortalecimiento a la educación, acompañado de un proceso paulatino de desarme y amnistía, así como por una reforma al sistema penitenciario nacional con un enfoque de respeto a los derechos humanos.
Si hiciéramos a un lado los prejuicios y viéramos con objetividad y sin apasionamientos la receta, seríamos más optimistas y concederíamos el beneficio de la duda al gobierno federal, que sin lugar a dudas deberá replicarse ese esfuerzo en el resto el país.
De entenderlo así, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum debería actuar en consecuencia y reconocer que la Armada de México y el Ejército, no solamente realizarán trabajos de inteligencia para combatir la inseguridad, sino que serán quienes orienten a nuevos miembros de la Guardia que bien podrían sumarse a las corporaciones policiacas de la capital como elementos civiles, pero con formación y capacitación castrense para cumplir con su labor.
¿Por qué ese temor de no llamar a las cosas por su nombre?, dejémonos de eufemismos y aceptemos las cosas como son, sin miedo a la crítica que pueda arrastrar la estrategia de seguridad anunciada hace apenas dos días.
Ojalá que esta acertada reacción sea directamente proporcional a la transparencia y pulcritud que se exige en los resultados que arroje la investigación sobre esta tragedia.
Pero no solo es en Puebla donde se han desatado los demonios. Los homicidios a dirigentes políticos en Morelos y Guerrero.
