Ernesto Osorio
Parece ya una costumbre en los gobiernos de esta capital, que las decisiones trascendentales para resolver los problemas más añejos, se toman después de reaccionar a un hecho súbito. El ejemplo más reciente lo vimos con la caída de un anuncio espectacular la semana pasada en Iztapalapa y que dejó a cuatro personas lesionadas. El incidente sirvió para que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum reaccionara y decidiera, ahora sí, ir detrás de quienes violan la ley colocando anuncios en azoteas.
En la Ciudad de México hay alrededor de nueve mil anuncios espectaculares, de los cuales más de la mitad no cumple con los lineamientos que establece la Ley de Publicidad Exterior, vigente desde hace 9 años. Pero este negocio no se limita sólo a los espectaculares. Existen mantas, vallas, vehículos publicitarios y mobiliario urbano que soporta infinidad de anuncios en distintos lugares y el 90 por ciento de toda esta publicidad, viola de una u otra manera la ley.
La impunidad en la que navegan las empresas dedicadas a la publicidad se explica por sí misma al echar un vistazo a las ganancias que genera este redituable negocio: Tan solo siete mil millones de pesos anuales en todo el país, de los cuales dos mil se generan en la CDMX y la zona conurbada, según datos registrados por la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano.
Con estos números, cualquiera entiende que los hilos de la corrupción son los que mueven el negocio y la relación entre empresarios y autoridades, pues de otro modo nadie podría explicarse por qué llevamos más de 19 años esperando poner orden en este asunto, sin que hasta la fecha se haya logrado. Tan solo durante la pasada administración, la publicidad irregular creció en un 902 por ciento con las vallas que se colocan a ras de piso y en un 50 por ciento en espectaculares. Pero no solo eso, en el negocio hemos salido perdiendo. Por ejemplo, del monto que debería de cobrar el gobierno por la renta de espacios para la colocación de vallas publicitarias y que se calcula seria de 203 millones de pesos anuales, “solo se han cobrado 20 millones y diez de ellos han sido en especie” detalla la Fundación en un informe de septiembre del 2017.
Justamente, en ese mismo mes, el sismo del día 19 tiró cuatro anuncios espectaculares que estaban en azoteas, dos de ellos con todo y los edificios que los soportaban. La última legislatura de la Asamblea capitalina apresuró entonces un exhorto a los empresarios de la publicidad para que retiraran voluntariamente más de 2 mil anuncios espectaculares colocados en azoteas para convertirlos en anuncios auto soportados, pero la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) fue omisa y nunca atendió el exhorto para convencer a los empresarios.
La Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Publicidad Exterior, se llevó a cabo en noviembre del año pasado ya con esta administración, pero en las mesas de trabajo a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Seduvi para conciliar las reubicaciones o transformaciones de anuncios se resolvió revisar, primero, padrones y contratos.
Empresarios del sector alegan que el gobierno actual busca reducir en un 80% los anuncios registrados hasta el momento en el padrón, mientras que la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior (AMPE), exige la permanencia de los espectaculares en la misma cantidad, dejando al gobierno el pago por el retiro de los anuncios en azoteas. Ante ello, las negociaciones entraron en un impase por más de cinco meses lo cual, deja al descubierto la displicencia con la que este gobierno venía manejado el problema, y de que existe mucho dinero en el ambiente corriendo de un lado para otro para que el caos siga reinando en el sector.
Pero el incidente del viernes pasado, sacudió más que la estructura que soportaba el anuncio y el gobierno de la doctora Sheinbaum ha decidido retomar las pláticas para evitar nuevos percances. Celebramos que así sea, pero hay que ir más allá que solo retirar los anuncios en azoteas.
Es urgente regular la publicidad móvil, las vallas y tapiales, el tamaño, distancia y lugares donde se coloquen los anuncios, impedir las mantas en muros ciegos, la colocación arbitraria de pantallas publicitarias y sobretodo, revisar esos contratos leoninos que han dejado al gobierno de la ciudad millonarias pérdidas en recursos económicos.
Ojalá que con el mismo rigor con el que la doctora Sheinbaum se ha decidido a retirar los anuncios en azoteas, cumpla con los mandatos y resoluciones judiciales que le han emplazado a retirar toda la publicidad en parabuses e instalaciones de la Línea 7 del Metrobus y que junto con el gobierno federal pongan fin a la explotación de la publicidad en buzones del Servicio Postal Mexicano, pues a pesar de haberse revocado el contrato correspondiente, la empresa que la maneja sigue beneficiándose con decenas de millones de pesos al año de un negocio, que ya no existe.
Nos referimos a los fallos judiciales contra la empresa francesa JC Decaux, que sigue explotando la publicidad en buzones y toda la línea 7 del Metrobus, ante la mirada complaciente de Seduvi y de su propia Consejería Jurídica.
