Ernesto Osorio
Una cadena de errores en la investigación sobre el doble asesinato que se registró en Plaza Artz de Pedregal la semana pasada nos debe poner alertas sobre la incapacidad, falta de pericia y de coordinación que prevalece entre autoridades locales y federales, encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia.
No es posible que tratándose de uno de los males que más nos aquejan como son la inseguridad y la violencia, los servidores públicos de la actual administración muestren total incompetencia.
Desde el miércoles pasado, los tropiezos no han parado, Primero, el Secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Orta se aventuró a afirmar que el doble homicidio había sido un crimen pasional, aunque horas más tarde, se conocería que la doble ejecución había sido planeada por organizaciones criminales desde Israel, las cuales perseguían a los dos sujetos ejecutados por un ajuste de cuentas pues desde hace varios meses mantenían relaciones con otras organizaciones criminales de nuestro país dedicadas al lavado de dinero.
Después se manejó la versión de que dos sujetos habían ayudado a escapar a los homicidas de la Plaza Comercial y que eran cinco los sicarios que habrían perpetrado el doble crimen. Posteriormente corrigieron y dijeron que quienes habían ejecutado a los israelíes Benjamín Yeshurun Sutchi y Alon Azulay había sido una solitaria pareja, y que dos sujetos a bordo de un automóvil Nissan Versa azúl habían puesto una coartada a la policía del lugar para distraerlos y amagarlos con armas largas y disparos al aire, para que la ejecución se pudiera concretar al interior del restaurante.
No paró ahí. El jueves, se supo que el automóvil en el que habían huido estos sujetos en realidad no era un Nissan Versa, sino que fue un sedán Kia Forte, el cual se dijo primero que había sido hallado en la Alcaldía de Álvaro Obregón, pero después se confirmó que fue localizado en un paraje del pueblo de San Nicolás Totolapan, en la alcaldía de Magdalena Contreras.
Vendría a sumarse la procuradora Ernestina Godoy, quien el jueves dijo que apenas estaban investigando posibles antecedentes criminales de las víctimas, cuando por la mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo ya le había informado al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a todo México en la conferencia mañanera que los israelíes asesinados en Plaza Artz sí tenían vínculos con bandas de lavado de dinero en México.
Toda esta desafortunada cadena de tropiezos, deja al descubierto falta de comunicación, desconocimiento, incapacidad y poca coordinación para actuar ante un suceso inesperado. Algo lamentable, pues si algo se requiere en esta ciudad, es de profesionales capaces de entender y dimensionar hechos que pueda cometer o cometa el crimen organizado y actuar en consecuencia.
¿De verdad así trabajan?, porque de ser cierto ahora nos explicamos tan nefastos resultados.
Ha dicho la Jefa de Gobierno que después del año 2006, los gobiernos que siguieron a la administración de Andrés Manuel López Obrador descuidaron la estrategia que logró reducir los índices de inseguridad en la capital entre el año 2002 y 2005 y esto, por supuesto, incluye a la gestión del actual canciller Marcelo Ebrard.
Si la doctora Claudia Sheinbaum quiere demostrar que en verdad tiene un compromiso con los ciudadanos y convencernos de que va a recuperar la seguridad y la paz en la Ciudad de México debería empezar por remover de su puesto a Jesús Orta (el recomendado de Ebrard) y escuchar a los verdaderos expertos para designar al perfil idóneo para ocupar este delicado puesto. ¿O acaso piensa dejarlo hasta que cobre su segunda quincena de agosto y que cumpla así con el plazo que él mismo se dio?
Sólo que antes de abrirle la puerta y para despejar cualquier duda y no suceda lo mismo que con el Secretario Ebrard que en 2004 dejó el cargo sin explicar la compra de una flotilla de patrullas a sobre precio, la Jefa de Gobierno debe trasparentar y pedir a la Contraloría General revise la asignación del contrato de renta de las 1,855 patrullas que la Secretaría otorgó a la empresa #TotalParts, una filial del Grupo Andrade, por 3 mil 299 millones de pesos. Y es que al hacer las cuentas cualquier estudiante de secundaria con la calculadora de su celular podrá comprobar que cada una de las patrullas que se están rentando tienen un costo por unidad de casi un millón 800 mil pesos. (se nota la marca de la casa)
De no actuar en consecuencia doctora su compromiso para acabar con la corrupción y hacer de este un gobierno honesto, transparente y sobre todo capaz para acabar con la inseguridad, quedará en duda.
