Ernesto Osorio
Existe la creencia en el béisbol, de que la séptima entrada es cabalística pues es cuando se pueden dar más volteretas y sorpresas para llegar a definir el resultado de un partido. Algunos adjudican al pitcher y su rendimiento, la causa por la cual un juego se puede decidir en esta entrada, pues es cuando el lanzador que abrió comienza a registrar cansancio. Al venir los cambios, la responsabilidad recae en el relevista quien bien puede afianzar una victoria, o cargar con una decepcionante y frustrante derrota.
Usando esta metáfora, parecería que el actual senador Miguel Ángel Mancera se encuentra en aprietos y al igual que un lanzador demasiado vapuleado por el oponente, se enfrenta a una casa llena sin outs y con el reto de vencer al cuarto toletero en la caja de bateo para impedir que sus rivales le den la vuelta al juego.
La semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer el tercer avance del informe sobre el resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, en el cual se consigna que en la pasada administración –sí, la de Mancera-, el gobierno de la capital incurrió en un probable daño a la hacienda pública por poco más de 348 millones de pesos, esto por irregularidades registradas en el manejo de programas y obras públicas en 2017.
En dicho informe se detalla que en la construcción de la Línea 7 del Metrobus que corre por Paseo de la Reforma y calzada de los Misterios, se detectó un probable daño económico por 40 millones 528 mil 628.84 pesos, por concepto de pagos en demasía.
Aunque el informe no precisa el concepto exacto en el que se registró este desfalco, todo parece indicar que tiene relación con el contrato de publicidad que en su momento suscribió el gobierno Mancera con la firma francesa JC Decaux, una de las empresas de publicidad exterior más ricas del mundo y a la cual se le adjudicó -sin licitación de por medio- la explotación de 898 espacios publicitarios de la Línea 7, a cambio de una contraprestación anual superior a los once millones de pesos y de los cuales la firma francesa sólo ha entregado 4 millones.
En su momento, vecinos y defensores del medio ambiente y del patrimonio histórico de la Ciudad de México alertaron al actual senador de la República, del daño no solo patrimonial que dejaría esta obra; sino de diversos actos de corrupción que se concretaron en las secretarías de movilidad, desarrollo urbano, y hasta en la misma dirección general del Metrobus, cuyo titular Guillermo Calderón -un viejo amigo de la doctora Claudia Sheinbaum a quien acompañó en la construcción de la Línea uno del Metrobus- es ahora el director general de Transportes Eléctricos.
Se dijo y se confirmó después, que no se contaba con todos los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia para realizar adecuaciones a vialidades como Reforma y Misterios ni tampoco para remover mobiliario urbano (incluido el de valor histórico) y a pesar de ello, el ex mandatario capitalino creyó más en sus asesores y colaboradores cercanos, aunque muchos de ellos le mintieran.
Esto huele muy mal, es una gran cloaca de lodo la que está por descubrirse y podría ser la oportunidad para que la doctora Claudia Sheinbaum demuestre que en verdad está decidida a erradicar la corrupción y que no actúa solo por los designios y la voluntad de su máximo líder el Presidente de la República.
Sin embargo, el caso no deja estar cargado de cierta suspicacia que nos hace pensar que podría haber algo más que el mero combate a la corrupción detrás de todo esto.
Curiosamente y tres días de hacerse público el informe de la ASF, el juez octavo de distrito en materia administrativa del primer circuito en la CDMX Fernando Silva García concedió un amparo a la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental que encabeza el activista ambiental Ramón Ojeda Mestre para que de inmediato, el gobierno de la ciudad retire toda la publicidad a lo largo del trazo de la Línea 7 y se restituyan en su lugar todas aquellas piezas arquitectónicas que fueron retiradas de las avenidas por donde corre el trazo.
Aunque el mismo juez da por sentado que el entonces director del Metrobus Guillermo Calderón “privilegió intereses mercantiles sobre los espacios culturales protegidos por el orden público nacional” y califica a la Línea 7 como “irregular y fiera de los parámetros constitucionales y legales”; hasta el momento el funcionario sigue trabajando para la doctora Sheinbaum.
Un dato más: JC Decaux tiene como filial a la firma Eumex, una empresa de publicidad exterior mexicana y española que sostuvo un pleito judicial con Andrés Manuel López Obrador cuando éste fue Jefe de Gobierno capitalino pues éste les revocado los permisos para explotar la publicidad exterior en parabuses y muebles urbanos. Pese a haber ganado todos los reclamos en los tribunales, Eumex jamás recuperó su inversión ni el permiso y su director Antonio Torres fue encarcelado dos veces. .
Por último, solo mencionar que el juez Fernando Silva García, fue designado secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal el pasado 10 de enero. El talentoso abogado cuenta con 20 años de carrera judicial y es hijo del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Silva Meza, asesor del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Pff!
¡Bola uno!
