Por Ernesto Osorio
@Brosorio, @Gaceta_C y @discursoydebate
Llegaron otra vez las lluvias y, con ellas, de nuevo las inundaciones y los desastres que suelen dejar a su paso.
Si bien se trata de un ciclo de la naturaleza que no podemos evitar, es inaceptable que también de manera cíclica se repita la ineptitud y la negligencia de quienes son responsables de atender los servicios hídricos de una metrópoli de poco más de 20 millones de habitantes, y que, como siempre, sean los ciudadanos quienes paguen las consecuencias.
¿Por qué nos inundamos?, ¿por qué todos los años vemos a decenas de familias perder su patrimonio en un abrir y cerrar de ojos?, ¿por qué esa actitud reactiva y no preventiva de la autoridad ante un fenómeno natural que sí puede ser previsible?
Seguramente habrá escuchado a estas autoridades insistir en que la principal razón de que nos inundamos es porque tiramos la basura en la calle, o que si hay viviendas que arrastra un torrencial aguacero, es culpa de la pobreza de esas familias que han tenido que instalar sus casas en zonas de barrancas y laderas de ríos.
Ambas explicaciones pueden ser ciertas, pero nos alejan de la causa principal de ver a nuestra ciudad cada año ahogándose en sus propios lodos: la negligencia de sus autoridades.
El gran Valle de México es un territorio que va contra la naturaleza. Nos erigimos en un vaso en el que todos los años el agua que cae de los montes que nos rodean buscan su espacio natural para regresar al subsuelo en lagos, ríos y lagunas que han sido cubiertos y cubiertas con piedras, cemento y varilla.
El desarrollo de la metrópoli obligó a construir una infraestructura para llevar afuera los excedentes de agua y de ese modo se hicieron drenajes, presas de regulación, colectores, coladeras, rejillas y varios kilómetros de tuberías. Pero desde hace más de 70 años se ha olvidado que esa infraestructura requería de mantenimiento y actualización conforme iba creciendo nuestra gran ciudad.
Desde la reforma política de 1993, que nos otorgó la libertad de elegir a nuestros gobernantes, la autoridad responsable de todo lo que tiene que ver con el agua es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el cual vino a sustituir a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) del entonces Departamento del Distrito Federal.
Su primer titular fue el ingeniero Antonio Dovalí Ramos, de triste memoria pues nunca fueron aclarados todos los escándalos de corrupción en los que se vio involucrado con los contratos de concesión a la firma AD Constru-Consulta de su propiedad, pero que era encabezada por un par de prestanombres que se llenaron los bolsillos de dinero.
Dovalí colaboró para los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y, unos cuantos meses, con el de Marcelo Ebrard, pues en mayo de 2007 llegó a ese organismo el ingeniero Ramón Aguirre Díaz.
Desde su llegada al SACMEX, Ramón Aguirre se comprometió a resolver los problemas de abasto del vital líquido en la ciudad y a supervisar el estado de la infraestructura para enfrentar las lluvias y erradicar las constantes inundaciones.
Pero en casi doce años de gestión no logró cumplir con ninguno de esos compromisos. Su principal argumento ha sido que el presupuesto que la CDMX invierte en materia de recursos hídricos es insuficiente. Puede que tenga razón.
Un dato: en el 2016 el Sistema de Aguas sólo completó el 20 por ciento de lo proyectado en obras de mantenimiento a la red primaria de drenaje; en 2017, sólo el 17 por ciento, y para este año apenas podrá culminar el 14 por ciento debido a la variación en los precios de las obras.
Tampoco 11 de los 16 jefes delegacionales han logrado sus metas y han quedado en deuda con la ciudadanía. El año pasado sólo el 3.9 por ciento de los trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de las futuras alcaldías logró concluirse.
Aunado a lo anterior, el gobierno federal dispuso recortes al presupuesto del año pasado y castigó a la Ciudad de México recortándole casi 2 mil millones de pesos en recursos etiquetados para infraestructura hidráulica. Pero no sólo eso, las obras que realiza para concluir el Túnel Emisor Oriente también tuvo retrasos y ya no podrá entregarse para este año. Siendo tan importante el tema de los recursos, es obvio que el escaso presupuesto debe cuidarse y orientarse hacia las áreas más urgentes de atención.
Pero la transparencia tampoco es el fuerte del ingeniero Aguirre Díaz, pues al consultar la página del Sacmex, toda la información relacionada con los contratos suscritos con empresas privadas que han realizado desazolve de presas, drenajes y cañerías se encuentra con carácter de “reservada” desde el año 2012.
¿A qué viene el candado?, ¿qué esconde?, ¿por qué cerrar la información de por lo menos 41 auditorías que se han realizado en estos últimos seis años? En días pasados escuché al ingeniero Aguirre decir que dejará a la próxima administración de Claudia Sheinbaum un Sacmex sin compromisos, ni proyectos inconclusos.
Se le agradecería más que antes de irse abra toda esa información, pues en esos documentos pueden estar las verdaderas razones de por qué durante los últimos doce años nos ha seguido lloviendo sobre mojado.
*Es fundador y Director editorial CDMX de los portales digitales de información www.discursoydebate.com y www.gacetaciudadana.com. Cuenta con 25 años de trayectoria periodística trabajando la fuente política y social de la Ciudad de México. Es diplomado en artes culinarias y jugador amateur de soft-baseball. Su columna “Screwball” se publica en www.gacetaciudadana.com
