Ernesto Osorio
En octubre de 2016 supe del asalto a un autobús foráneo que se dirigía a Puebla, pero momentos antes fue desviado de su ruta por policías de investigación que participaban en un operativo de inspección a negocios para desactivar el narcomenudeo en la zona limítrofe de Tláhuac e Iztapalapa.
El testimonio me lo compartió una persona que le tocó vivir el terror de verse en medio de un asalto, donde elementos de la policía eran cómplices de delincuentes. Mi entrevistado dijo que luego de ver como dos policías en motocicleta desviaban y escoltaban al autobús a una calle cercana a la avenida Zaragoza, pudo ver cómo un sujeto con capucha apuntaba a la cabeza del conductor, mientras que otro le apuntaba a él tras verse sorprendidos.
De inmediato buscó refugiarse en algún domicilio cercano y encontró un lugar en el que dijo se realizaban “limpias” y curas naturistas con mujeres vestidas de blanco que en ese momento atendían a decenas de personas. Creyó sentirse seguro, pero alcanzó a escuchar a una de las curanderas llamar a un policía, quien en pocos minutos llegó acompañado de otros elementos que participaban el operativo del que había escapado. Afortunadamente, logro salir corriendo y encontró la tranquilidad, hasta tomar un taxi que lo llevó a su casa en la colonia Santa María Aztahuacán.
Historias como estas se escriben todos los días, no sólo en Iztapalapa, sino en toda la ciudad, donde el crimen organizado se sigue consolidando y diversifica su actividad coptando no solo a la policía, sino también a vecinos y comerciantes.
El pasado 29 de abril, Aideé, estudiante del CCH Oriente murió a causa de un disparo de arma de fuego al interior de su salón de clases. En principio se habló de un homicidio perpetrado por alguien al interior del plantel, luego se dijo que había sido una bala perdida y recientemente se conoció que el narcomenudeo es una línea de investigación que apunta a consolidarse, tras conocerse que el maestro de matemáticas de Aideé (Víctor “N”) era un cliente de los distribuidores de droga que se había negado a pagar un paquete de marihuana y que el disparo iba dirigido a él, pero se desvió y mató a la joven estudiante de bachillerato.
Ante los hechos, y como suele suceder, el gobierno de la capital reaccionó con medidas coyunturales. El pasado fin de semana la Jefa de Gobierno anunció el programa “sendero seguro” mediante el cual buscan garantizar la seguridad para la comunidad escolar en 29 planteles de la UNAM y 24 del Instituto Politécnico Nacional.
El programa incluye vigilancia en el acceso al transporte público, Alumbrado público y poda, presencia policiaca, suspensión de establecimientos que venden alcohol sin permiso y combate al narcomenudeo y según se informó estará operando al cien por ciento hasta agosto próximo.
El anuncio es positivo, pero se queda corto para atacar de raíz las causas de la inseguridad en esta capital. Mientras la operación de los cárteles de la droga y la proliferación de armas continúen avanzando, no tendremos paz, y eso debe atenderse desde las esferas de la estrategia nacional del combate a la inseguridad.
Desde siempre hemos sabido que al amparo del narcotráfico, crece el contrabando y venta de armas, que cada vez son más sofisticadas y se encuentran al alcance la mano en el corazón del barrio de Tepito o en línea para ser entregadas a domicilio. Ambos ilícitos, corresponden al fuero federal.
En días recientes, hemos conocido que ex policías capitalinos que purgaban penas en el Reclusorio Oriente y fueron liberados en 2017 vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación, han desplegado una ofensiva para desmantelar las redes del narcomenudeo controladas por la Unión Tepito en Iztapalapa, Tlahuac, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
Personajes como Eusebio “El Duke” Reyes y Hugo Pérez Díaz (a) “el güero Carmenta” han extendido sus redes de distribución en zonas controladas antes por “la Unión” ante la pasiva actuación del gobierno capitalino que ha sido rebasado por las organizaciones criminales que se disputan la ciudad.
La inseguridad y la violencia en esta capital, no es un tema que se resuelva sólo con senderos iluminados, policías y poda de árboles. Urge un plan integral de combate a la delincuencia con un firme sustento científico y social en el que el gobierno federal y la recién instalada Guardia Nacional se coordinen con el gobierno capitalino e intervengan de inmediato.
Se dice por ahí que “para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo” y hemos sabido de buena fuente, que desde la Secretaría de Seguridad que encabeza Alfonso Durazo se ha convocado a elementos de extintas corporaciones policiacas para que se sumen a la capacitación de elementos para integrarlos a una estrategia de operación contra la violencia, que está por ponerse en práctica aquí en la Ciudad de México.
La convocatoria, no solo incluye a elementos de excelente trayectoria y reconocida actuación, sino incluso a quienes en algún momento se vieron seducidos por el crimen organizado y que actualmente se encuentran “escondidos” en el extranjero y que en su momento fueron piezas clave para que el crimen organizado se instalara en la capital.
De ser así, el plan podría resultar favorable, pero se deberá abrir a la coordinación integral con otros sectores de la población, que no solo incluya a los especialistas, sino también a empresarios, comerciantes y vecinos. Ojalá funcione.
