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SCREWBALL: Periodismo social o ‘fifí’

SCREWBALL: Periodismo social o ‘fifí’
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Ernesto Osorio

¡Vaya revuelo! el que desató la boda del próximo coordinador general de Política y Gobierno del gobierno federal César Yáñez con la empresaria poblana Dulce María Silva.

El acontecimiento reflejó -como si se tratase de un prisma- diversos ángulos que testimoniaron el acontecimiento ante la opinión pública. Hubo quienes lo vieron como un acto de incongruencia política, otros más lo interpretaron como un hecho inoportuno que tuvo efectos colaterales para el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y no faltaron los que se sintieron ofendidos y hasta engañados por el partido político en el que creyeron que habría un cambio.

Pero también hubo quien lo vio como un cuento de hadas, como la culminación de un romance que libró varias batallas para alcanzar la felicidad, y hasta quien lo consideró un intento más de los miembros de “la mafia del poder” por querer desprestigiar al gobierno entrante.

Todo esto es “libertad de expresión”, ninguna de estas interpretaciones sobre el referido acontecimiento es más o es menos y todas pueden ser verdades, pero no absolutas. La libertad de expresión es un derecho fundamental de todas las sociedades que se jactan de ser democráticas, y se deriva de la Declaración Universal de los Derecho Humanos.

En México, de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución Política, es el Estado el que deberá fomentar el desarrollo de los derechos de los ciudadanos y velar por que se cumplan cabalmente, pero también debe estar atento a que bajo el argumento del ejercicio de una libertad no se vulneren los derechos a terceros.

Para nadie es un secreto que el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, y más recientemente en nuestra ciudad, implica un riesgo innegable el desempeñarse en la actividad que más ejerce este derecho, como es la del periodismo, debido al incremento de la violencia y el crimen organizado. Pero también existen quienes haciendo mal uso de esa libertad y derecho, difaman y dañan la dignidad humana.

¿A qué viene la disertación sobre el ejercicio de la libertad de expresión? Simplemente queremos abonar al debate estos postulados, para ayudar a la opinión pública a elaborar su propia versión sobre lo acontecido en esa boda.

La suspicacia con que se ha abordado el tema ha desviado la atención de los lectores a un tema que no deja de ser banal ante un sinnúmero de hechos que se registraron durante la misma semana y que los mismos medios de comunicación les concedieron menor importancia.

Tan sólo dos ejemplos: Esta misma semana en que todos hablaban de la boda “fifi”, el secretario de Salud del gobierno federal José Narro expuso ante los diputados del Congreso de la Unión que se han presentado denuncias por el desvío de recursos por más de mil 150 millones de pesos, particularmente recursos destinados para infraestructura a centros de salud y medicamentos; o el descubrimiento de nuevos almacenes de cadáveres sin reconocer, derivados de la guerra contra el narcotráfico en San Luis Potosí.

Nadie puede ni debe imponer una sola línea editorial para todos los medios de comunicación, pero es importante que los lectores, televidentes, radioescuchas y en general toda la opinión pública, cuenten con toda la información que pueda servir para entender lo que sucede a su alrededor.

Por eso es relevante que en esta ciudad se establezca un marco normativo que no sólo proteja el ejercicio periodístico, sino que también regule la actividad estableciendo esos límites entre lo socialmente indispensable de conocer y entender, y lo objetivamente personal y particular.

Este miércoles el Congreso de la Ciudad de México instalará formalmente la Comisión para la Protección de los Periodistas, que encabezará el diputado del PRI Miguel Ángel Salazar.

Entre los objetivos del legislador, no solo está concretar el protocolo de actuación para atender los casos de violencia hacia los informadores, sino además extenderlo a los defensores de los derechos humanos; la descentralización absoluta del Mecanismo para la Protección de los Derechos de Periodistas y activistas de los DH, así como lograr aglutinar en el consenso a los que ejercemos esta profesión –todos, y no sólo los de la capital- para blindarlos, incluso de injusticias por parte de quienes los emplean por un salario muy bajo.

También se buscarán consensos entre los informadores, para que en una ley puedan plasmarse no sólo derechos, sino también obligaciones de los periodistas que le permitan al lector diferenciar, de entre toda la oferta informativa, aquellos medios que considere serios y veraces.

Alcanzar este objetivo podrá parecer pretencioso, pero si se consigue al menos llegar a la mitad habremos avanzado como sociedad y como profesionistas. Enhorabuena para el diputado Salazar, a quien agradezco sus comentarios sobre esta columna, y a quien personalmente le ofrezco al igual que a los legisladores que le acompañan colaborar en lo que sea conducente para lograr esos consensos.

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