Ernesto Osorio
Entre jaloneos y descalificaciones de los diputados capitalinos y con más dudas que certezas, el pasado lunes el Congreso de la Ciudad de México aprobó el nuevo marco normativo que regirá en esta capital para que sus habitantes podamos participar –dicen- en la toma de decisiones de nuestras autoridades.
Y aunque en su esencia jurisdiccional prometía un mejor y más democrático escenario para que la opinión de los capitalinos fuera tomada en cuenta, lo cierto es que existen algunos aspectos de esta nueva Ley que vemos con mucho escepticismo.
“Dicen que la burra no era arisca, la hicieron” y que me perdonen nuestros legisladores, pero a estas alturas, nadie les cree eso de que esta nueva ley permitirá a los vecinos (ahora sí) participar directamente y sin presiones o imposiciones de gobernantes, líderes comunitarios o partidos políticos de las decisiones que afectan nuestro entorno. Parafraseando a nuestro señor Presidente “tonto es quien cree que la gente es tonta”. Los reto diputadas y diputados a salir a la calle y que le pregunten a una persona al azar qué piensa de esta nueva Ley. Les aseguro que se llevarán un chasco cuando les digan, o que no tienen ni idea de lo que les están hablando, o como me pasó a mí: que de plano me respondieron que es “puro atole con el dedo”.
¿Por qué lo digo? El debate que antecedió a la discusión y posterior aprobación de esta nueva Ley acabó con la ya disminuida confianza de los vecinos, que por semanas fuimos testigos de la arrebatinga que protagonizaron por un lado, los diputados del PAN y PRD, exhibiendo su pavor por quedarse sin espacios de participación para sus personeros vecinales; y por el otro algunos neófitos y poco experimentados legisladores de Morena, que de plano mostraron el cobre y una total ignorancia de los procesos parlamentarios, dejando al descubierto el verdadero interés que tienen por quedarse con el control de esta representación social.
Esta nueva ley es ya letra muerta, pues mucho antes de mostrar los beneficios de sus postulados, será de inmediato impugnada y objeto de amparos que los líderes vecinales de siempre preparan ya con la asesoría de su Alcalde o alcaldesa, o de sus dirigentes partidistas para impedir que se constituyan las nuevas Asambleas Ciudadanas. Los panistas Federico Döring y Gaby Salido junto con el perredista Víctor Hugo Lobo, adelantaron que serán los diputados de Morena los responsables de que todos estos recursos lleguen a las instancias judiciales, y solo, por no escuchar al ciudadano, o mejor dicho, a sus personeros vecinales.
Nadie puede creerles que una gran cantidad de Comités Vecinales en Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero que están por terminar su gestión, no solo guardaban una cercana relación con ellos, sino que tenían una muy consolidada sociedad de intereses en común que perdieron por su ambición y falta de cálculo.
Cuando en el 2010 nació la primera Ley de Participación Ciudadana con la figura de los Comités Vecinales y los Consejos de los Pueblos, los diputados de la entonces V Legislatura de la Asamblea capitalina nos hicieron creer a todos que estas figuras representarían a la auténtica ciudadanía y aunque impusieron ciertos candados para que no fueran utilizados con fines electorales o les dieran un manejo clientelar, los comicios intermedios del 2015 nos demostraron que se convirtieron en laboratorios de todos los partidos políticos (PRI, PAN, PRD, PT y MC) para generar cuadros o albergar a militantes de closet. Todos se aprovecharon de esta representación y, a su amparo, se cometieron no uno, sino varios actos de corrupción, que a la fecha siguen impunes.
Pero queriendo enmendar la plana, algunos diputados de Morena y la 4aT. que enarbolaban el discurso de ponerle fin a este uso clientelar de la representación vecinal, tropezaron y durante las sesiones de dictaminación de la ley, defendieron con sangre, sudor y lágrimas los designios de su principal líder, la Jefa de Gobierno y antes de que se formalizaran algunas observaciones durante el proceso parlamentario, uno de ellos, el diputado Carlos Castillo ya traía hasta con número de incisos, párrafos y redacción, las enmiendas al documento final del dictamen que le mandaron desde el gobierno central y en los que se le concedió a la Jefatura de Gobierno el control absoluto de elegir a quienes habrán de calificar la viabilidad o no de los proyectos que presente la ciudadanía para asignar el presupuesto participativo.
Usando el burdo mayoriteo de su bancada, los diputados de Morena le entregaron a la doctora Sheinbaum el control de esta ley que regirá la elección de los representantes vecinales en abril del 2020, el proceso de revocación de mandato y el manejo de los recursos, violentando uno de los preceptos básicos de nuestra Constitución como lo es la división de poderes.
No nos extrañe pues que en abril del año próximo veamos de nueva cuenta una agigantada apatía ciudadana en la elección de las Asambleas vecinales. Los ciudadanos reales, los que no son manejados como títeres por los ambiciosos del poder, se han quedado sin espacios democráticos de participación. La anhelada Vecinocracia -de la que hablaremos un poco más en una próxima entrega- ha perdido esta batalla.
